Ahora es el momento

Mayo de 2010. El por aquel entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece en el Congreso de los Diputados para anunciar, entre otros ‘ajustes’ presupuestarios, la reducción, y posterior congelación, de los salarios de los empleados públicos.

El ex mandatario socialista iniciaba así un camino sin retorno de duros recortes que su sucesor, Mariano Rajoy, ha continuado en años sucesivos con nuevas medidas encaminadas a paliar una crisis que, indudablemente, hemos sufrido todos, aunque no de igual manera.

Los empleados públicos hemos sido un colectivo especialmente afectado por la tijera gubernamental. Además de la reducción y congelación del salario ya mencionada, hemos visto cómo aumentaba nuestra jornada laboral; se suprimían días de libre disposición y por antigüedad, se eliminaba la paga extraordinaria de diciembre de 2012, o se cercenaban derechos sindicales ya consolidados.

Años muy duros que hemos asumido como parte del esfuerzo colectivo que nuestra sociedad debía hacer para propiciar una recuperación sólida de la economía española. Según nos aseguraban machaconamente desde el poder gubernamental, era la única forma de sacar a flote a nuestro país.

Ahora, estas mismas voces insisten en que la crisis es ya cosa del pasado y que España es todo un ejemplo a seguir para otros países cuya economía sigue maltrecha. Lo dicen ellos y toda una amalgama de instituciones y organismos financieros nacionales e internacionales que nos vuelven a ver con buenos ojos.

Si es así, si ha llegado el momento de ir desabrochándose el cinturón, la pregunta es sencilla. ¿Cuándo mejorarán su situación personal y profesional los empleados públicos?

Esta misma pregunta le trasladaba hace unos días por escrito al presidente del Gobierno, reiterándole que las medidas adoptadas por el momento para congraciarse con los trabajadores (subida del uno por ciento de los sueldos en 2016 y devolución progresiva de la paga de 2012 y de días de libre disposición) son claramente insuficientes.

Es momento de comprometerse realmente con los trabajadores públicos y adoptar medidas como las que en la carta le apuntaba para los profesionales sanitarios. Vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales; promoción de nuevas ofertas de empleo público; incremento de las retribuciones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el personal público, o aumento a un 150 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, entre otras.

Siendo muy consciente de que nos encontramos al final de la actual legislatura y se desconoce quién gobernará nuestro país en los próximos años, hago extensiva estas demandas a los responsables del resto de fuerzas políticas.

Sólo pedimos lo que en justicia nos corresponde teniendo muy en cuenta, además, que su implementación supone no solo un beneficio personal para el profesional afectado, sino una mejora de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos y del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en su conjunto.

Más allá de promesas electorales con el único objetivo cortoplacista de arañar votos en las generales del próximo mes de diciembre, esperemos que nuestros representantes políticos estén a la altura de lo que todos los trabajadores públicos esperamos de ellos. Ahora es el momento.