Va de pactos

Hace pocas semanas la comunidad cántabra, liderada por su presidente Ignacio Diego, protagonizaba una rara avis en el sector sanitario: alcanzar un pacto a todos los niveles para salvaguardar el sistema sanitario público. Gobierno, sindicatos y colegios firmaban al alimón un compromiso histórico, una “hoja de ruta” con compromisos de mejoras salariales y laborales, sujetos en algunos casos a negociación, y a desarrollar de aquí a 2017.

Desarrollo de la carrera profesional, modificación del complemento específico, mejora retributiva de los trabajadores de urgencias, convocatorias obligatorias de OPE,  ampliación de sustituciones en Atención Primaria, contratos de larga duración para personal temporal y volver a regular por ley la presencia de enfermeras en los centros sociosanitarios de dependencia son solo algunos de los puntos estrella del acuerdo. Una firma sustentada en dos bases: respaldo legal a las reivindicaciones del sector (desarrollo de decretos) y partida presupuestaria (3,5 millones comprometidos por el Gobierno cántabro).

No es el primer ejemplo a nivel autonómico. Castilla y León ya abrió camino hace justo un año con su famoso pacto con 52 organizaciones (sociedades, colegios y sindicatos) en el que se refrendaba el compromiso por mantener un modelo sanitario que, como apuntaba el consejero Sáez Aguado, “ha permitido a la comunidad mejorar mucho en los últimos años”. El texto acordado en Castilla y León quedó descafeinado por el desplante a última hora de varios sindicatos, pero el sendero ya estaba marcado.

El último ejemplo de pactos lo plasmaban, no sin polémica, los dos grandes representantes del bipartidismo. PP y PSOE firmaban a contrarreloj su acuerdo para luchar contra el terrorismo yihadista. Un acercamiento y una postura común que, discrepancias aparte, ha demostrado el compromiso de Estado de ambas formaciones cuando de un tema urgente se trata.

Y llegados a ese punto cabe preguntarse: ¿es que salvaguardar la sanidad no merece también una unión semejante? Las experiencias de Cantabria y Castilla y León han mostrado la dirección correcta para aunar las complejidades del entramado sanitario. Un año con cuatro convocatorias electorales se antoja difícil para retomar la tarea en la que se ha fracasado durante décadas. Sin embargo, la previsión de un nuevo y complejo escenario político puede obligar a los dos grandes partidos a sentar a sus mejores hombres en una habitación, arremangarse y sellar un pacto que blinde la sanidad ante los vaivenes políticos de una vez por todas.

Las firmas de estas hojas de ruta no se hacen buscando más votos (si no quizá el PSOE no hubiera rubricado el último antiterrorista), se llevan a cabo con visión de futuro. El objetivo deber ser el beneficio de los ciudadanos, no ahora, sino cuando los que ocupan hoy el escaño ya no estén. Porque la mejora de un país no debería esperar a que un suceso ponga en shock a la sociedad para alcanzar un acuerdo.