Carta abierta del presidente del Consejo General de Dentistas

El ejercicio de la Profesión odontológica, al igual que el de cualquier otra profesión sanitaria, tiene un componente ético que es fundamental, además de un deber de obligado cumplimiento. Y es ese componente ético y la integridad profesional lo que justifican la confianza de la sociedad y de los pacientes en nuestro quehacer clínico diario. Respetar la autonomía de nuestros pacientes, con una adecuada y veraz información que permita su propia toma de decisiones y evitando que pueda inducirles a confusión con los consiguientes riesgos y daños innecesarios, es algo que no sólo nos exige la sociedad, sino que, sobre todo, nos lo debemos exigir en grado máximo nosotros mismos como profesionales de la Odontología por encima de cualquier circunstancia personal.

Desde hace algunos años, el cambio en el modelo asistencial odontológico, con la irrupción de determinadas clínicas dentales, en las que el afán de lucro de sus propietarios (generalmente ajenos al sector sanitario) ha prevalecido sobre los valores éticos asistenciales y la salud de los pacientes, ha cambiado completamente nuestro modelo de ejercicio profesional, de forma que, en muchas ocasiones, no existe la autonomía del dentista a la hora de realizar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente, con el consiguiente riesgo para la su salud.

Aprovechándose  de la plétora profesional actual, determinados profesionales que trabajan en este tipo de centros son contratados en condiciones precarias y obligados, en varias ocasiones, a realizar tratamientos innecesarios o de dudosa indicación (sobre-tratamientos) provocando, a veces, lesiones graves a los pacientes.

Pero debemos tener claro que todas estas lamentables circunstancias, no nos eximen del cumplimiento de nuestros deberes profesionales y colegiales. Hay múltiples artículos de nuestro código ético y deontológico y también de las normas legales que son infringidos por esta forma de ejercicio profesional. De hecho, cuando se produce una demanda judicial, estos centros rápidamente intentan derivar toda la responsabilidad a los profesionales que realizaron el tratamiento. Y muy frecuentemente los jueces también lo consideran así. A éstos, como al resto de la sociedad, les es difícil admitir que profesionales sanitarios cuyo principal papel es cuidar de la salud de la población, antepongan, con plena consciencia de sus actos, los intereses económicos a los de la salud de sus pacientes.

Todo lo anteriormente expuesto está conduciendo, de forma inevitable, a un gran deterioro y banalización de la prestación sanitaria odontológica, con un enorme incremento en el número de quejas de los pacientes ante los Colegios de Dentistas que, según los datos recabados por nuestra Organización Colegial, están en gran manera ligadas a este tipo de asistencia odontológica.

Y este es el objetivo de esta "carta abierta", recordar a todos los colegiados y, particularmente, a aquellos que trabajan por cuenta ajena en centros que anteponen los intereses económicos a los de la salud de los pacientes, que:

Primero: adoptar esta forma de ejercicio profesional no está justificado por ninguna circunstancia personal.

Segundo: trabajar aceptando los condicionantes expuestos anteriormente por determinados empresarios, quebranta todos los principios éticos y deontológicos sobre los que se ha edificado nuestra profesión, así como también muchas de las normas legales que nos rigen.

Tercero: inevitablemente la sociedad, a través de la Administración de Justicia, exigirá a estos profesionales la responsabilidad a la que su ejercicio profesional haya dado lugar.

Cuarto: desde nuestra Organización Colegial, en cumplimiento de las funciones que nos han sido otorgadas por Ley del ejercicio de ordenación y control de la profesión, continuaremos permaneciendo vigilantes y ejerciendo la potestad sancionadora contra aquellos profesionales que incumplan los principios éticos, deontológicos y legales que deben inspirar y regir nuestros actos clínicos.

Por último, manifestar que este Consejo General defiende la calidad asistencial independientemente del modelo de negocio, con profesionales altamente cualificados donde prime la ética y la integridad profesional. Cuando se atiende a seres humanos, como es nuestro caso, debemos siempre velar para asegurar que sus derechos estén plenamente protegidos. Nuestras competencias y capacidades, unidas a los valores éticos y morales, deben estar siempre presentes en nuestra conducta profesional, salvaguardando el bien más preciado del ciudadano que es su salud.