Cuando hablamos de futuro, automáticamente pensamos en todas las niñas y niños que formarán parte de las generaciones venideras. Asegurar su proyecto vital, que es el nuestro y el de nuestra sociedad, pasa necesariamente por
garantizar una igualdad de oportunidades ya durante la infancia, para permitir a todos estos niños y niñas desarrollar todo su potencial.
En este sentido, la atención temprana resulta fundamental, como herramienta capaz de
abordar las limitaciones específicas y las barreras que pueden dificultar el correcto desarrollo y, por tanto, la
plena inclusión de todos los niños, en perjuicio de su salud, su calidad de vida y sus oportunidades en el futuro. En concreto, por atención temprana nos referimos a todas aquellas
intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y su entorno, que tienen como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan niños y niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Hablamos, por tanto, de
servicios vitales para garantizar un adecuado desarrollo de los niños y para contribuir a la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en España todavía hoy la atención temprana
no se reconoce como un derecho universal y gratuito para toda la población infantil, y ello pese a que se reconoce como tal en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989, que considera el desarrollo pleno y armonioso de la infancia como una responsabilidad colectiva, así como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé la obligación de proporcionar los servicios de salud adecuados, incluyendo la prevención de nuevas discapacidades, con atención especial a niños y niñas y personas mayores.
"Uno de cada 10 menores de seis años necesitan este tipo de atención, unos 250.000 en toda España. Sin embargo, los servicios públicos autonómicos solo llegan al 3% de quienes lo necesitan"
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Según los últimos datos de la Plataforma de Atención Temprana, se estima que
uno de cada 10 menores de seis años necesitan este tipo de atención, unos 250.000 en toda España. Sin embargo,
los servicios públicos autonómicos solo llegan al 3 por ciento de quienes lo necesitan. Además, el encaje en cada Comunidad Autónoma es diferente: en unas se incluyen dentro del servicio público de salud y en otras lo incluyen dentro de las consejerías de Servicios Sociales, habiendo
grandes diferencias entre los servicios ofertados en cada autonomía.
La falta de cobertura y accesibilidad a estos servicios tiene consecuencias determinantes en el futuro de los niños que los necesitan. Según la Asociación Española de Pediatría, sólo el 60 por ciento de las Comunidades Autónomas cuentan con
un tiempo medio de espera inferior de tres meses para acceder a estos servicios de atención temprana, el 30 por ciento tarda entre 3 y 6 meses en atender a los menores, mientras que
en Aragón y Madrid el tiempo medio de espera supera los 6 meses. Por otra parte, no existe una regulación estatal que garantice el ejercicio del derecho a la atención temprana al desarrollo infantil en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. Tenemos que avanzar hacia un sistema de atención gratuito, universal y de calidad.
Invertir en infancia es uno de los pilares esenciales en la construcción de nuestro país.
Esta falta de recursos públicos hace que, para muchas familias con menores con algún problema en su desarrollo que requieren de la actuación de un especialista, como un psicólogo, un fisioterapeuta o un logopeda, sus posibilidades económicas de acceder a un servicio médico privado se vuelven determinantes ante la falta de respuesta de los servicios públicos de salud autonómicos. Este es un hecho real, por desgracia, que genera
una injusta desigualdad en la garantía del derecho a la salud y al pleno desarrollo de los niños. He tenido la ocasión como diputada de escuchar múltiples testimonios de madres y padres a los que se informa que su hijo precisa una atención especializada y su
desesperación ante la imposibilidad de costear unos servicios que el sistema público no ofrece.
"Tenemos que avanzar hacia un sistema de atención gratuito, universal y de calidad. Invertir en infancia es uno de los pilares esenciales en la construcción de nuestro país"
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Familias que viven con la impotencia de saber que las oportunidades de su hijo o hija con necesidades especiales se reducen día a día, con temor de que llegue un punto de no retorno, simplemente porque no se pueden permitir pagar la atención que necesitarían para evitarlo. En no pocos casos,
muchos de estos niños ni siquiera tienen acceso a lo más básico, como es un diagnóstico precoz que permita siquiera abordar sus dificultades específicas de desarrollo.
Ante este contexto, desde Ciudadanos tenemos claro que el Gobierno debe tomarse muy en serio la atención temprana y concederle la prioridad que corresponde. Así se lo reclamamos en una
iniciativa que presentamos en el Congreso el pasado mes de junio, en el que le instamos a desarrollar un marco legal que garantice una atención temprana universal, de calidad, gratuita e igualitaria en todo el territorio nacional, y a trabajar en una Estrategia Nacional de Atención Temprana y Apoyo al Desarrollo Infantil en coordinación con las Comunidades Autónomas.
No podemos perder más tiempo. Porque, cuando hablamos de atención temprana, cada minuto desperdiciado supone restar posibilidades para los niños y niñas que la requieren.