Hace unos meses, un informe del Tribunal de Cuentas desveló irregularidades en el cobro de las prestaciones por dependencia. La Administración central y algunas autonómicas comenzaron entonces a discutir sobre el alcance de este posible fraude, reprochándose mutuamente errores en la necesaria vigilancia de estas prestaciones.
La sospecha se extiende hoy también a la discapacidad. El Día de Canarias le dedica su portada con grandes caracteres y un titular quizá demasiado rotundo: El Gobierno descubre 4.300 discapacitados muertos. Se refiere a la Consejería de Cultura, Deporte, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, que ha archivado 4.368 expedientes de discapacidad al cruzar sus datos con los del Instituto Nacional de Estadística y comprobar que sus titulares habían fallecido antes del 31 de diciembre de 2008. Falta ahora saber si los familiares se beneficiaban de esas ayudas, añade en el subtítulo el periódico.
Las dudas también empapan la portada del Diario de Pontevedra, que abre a toda plana con un posible error médico: Un padre pontevedrés denuncia al CHUS por negligencia tras la muerte de su hija. El bebé, de cinco meses, falleció pese a que en un primer momento pareció mejorar de su dolencia, un problema en el intestino. La niña nació en Pontevedra pero fue trasladada a Santiago para tratarla. El fin de semana empeoró. La familia dice que reclamó a un médico, pero que no fue atendida hasta el lunes. “No fue suficiente”, concluye en portada.