El empadronamiento de los ‘sin papeles’

El foco informativo continúa apuntando al modelo de atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular. Las principales cabeceras se han hecho eco de la reunión mantenida en el entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades y la propuesta que ha realizado Rubén Moreno para unificar criterios.

ABC, en una información de N. Ramírez de Castro, titula Los ‘sin papeles’ deberán estar 6 meses empadronados para tener asistencia sanitaria y destaca que la llave para acceder al sistema sanitario será un documento específico al que tendrán derecho aquellos que lleven seis meses empadronados en España y se hayan identificado previamente en un registro que solo gestionará Sanidad.

El País también encamina su información por el mismo sentido y titula Sanidad quiere exigir a los sin papeles seis meses de padrón para atenderles. La noticia, que firma Elena G. Sevillano, recoge que El Gobierno ha dado 15 días a las comunidades para que valoren su propuesta, que les presentó en una reunión de carácter técnico sin la presencia de los consejeros autonómicos. Sin embargo, la mayoría ya tienen una opinión formada. El propio Moreno, que presidía la reunión, admitió al acabar el encuentro que “de entrada” los Ejecutivos socialistas se habían negado y que insisten en pedir la derogación de la norma aprobada en 2012 por la anterior ministra, Ana Mato.

El Mundo titula Sanidad propone atender a los 'sin papeles' que lleven al menos seis meses empadronados y en la desarrollo de la información, Laura Tardón subraya que entre los requisitos fijados y aclarados en esta reunión por el Gobierno para que los sin papeles reciban asistencia sanitaria están el que estas personas lleven empadronadas al menos seis meses en España, carecer de cobertura sanitaria por otra vía y que la unidad familiar no perciba más de 532 euros al mes.

El periódico que más se desmarca en el titular es La Razón, que expone que Interior no accederá al registro sanitario de inmigrantes y deja claro que Sanidad ha garantizado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no podrá acceder a la base de datos de los inmigrantes irregulares que reciban atención sanitaria.