Este martes se vota en el Congreso de los Diputados la reforma de la ley del aborto, cuyo principal cambio será, después de la retirada el pasado septiembre del anteproyecto que defendió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la introducción de la necesidad de consentimiento paterno para que las menores de 18 años puedan seguir adelante con su decisión.
Este tema es uno de los principales focos de disensión dentro del Partido Popular, y así lo reflejan las informaciones de los diarios generalistas, que avisan de que habrá tres diputados que romperán la disciplina de voto de su formación: José Eugenio Azpiroz, Javier Puente y Lourdes Méndez.
El País explica que la dirección del PP ha negociado con los diputados disidentes, proponiéndoles la eliminación de dos referencias al derecho a la salud reproductiva “para que no se entienda el aborto como derecho”, lo que consideran insuficiente.
Fernando Garea, el autor del texto, explica que la multa por saltarse la disciplina de voto será de 500 euros. Sin embargo, Mariano Calleja, desde ABC, eleva esta cifra hasta los 1.200: un máximo de 600 euros por cada votación, y es que la reforma volverá a la Cámara Baja –previsiblemente, antes del verano– para su aprobación definitiva.
Por su parte, La Razón prefiere titular con la aseveración que ha hecho este viernes el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, de que la legislación vigente no considera el aborto como derecho. En una información crítica con los disidentes del PP –el “intento de negociar con ellos” de la dirección popular “sólo les ha servido para recibir a cambio filtraciones interesadas de la negociación”– se apunta que dentro de las filas del partido conservador en el Parlamento hay más opositores, como Eugenio Nasarre, si bien no desvela cuál será su actitud este martes.
Desde las páginas de El Mundo se añade un nombre más, el de Antonio Román. Además, en el Senado también hay voces en contra de esta reforma ‘aguada’ del aborto, como Gari Durán, Ángel Pintado o Luis Peral. El diario informa de que las multas por romper la disciplina de voto irán de los 100 a los 500 euros, y es que todavía no se sabe cuál va a ser la estrategia de los inconformes: si abstenerse, votar en contra, ausentarse durante la votación o directamente no asistir al Pleno.