El económico Cinco Días reserva hoy un sumario de su portada al problema de los pagos por parte de las administraciones públicas que, entre otros sectores, viene afectando de manera creciente a la sanidad, especialmente a la industria farmacéutica y a los proveedores de tecnología.
Titula así: El sector público paga a 155 días, 125 más de los que marca la ley. Destaca además que la morosidad apenas cae en los últimos tiempos, pese a la concienciación de los poderes públicos de la necesidad de ir resolviendo esta situación. De hecho, Hacienda se ha puesto como objetivo prioritario que las administraciones públicas empiecen a pagar a las empresas sus facturas en los plazos que marca la ley. El pasado 16 de marzo, España se convirtió en el noveno país de la UE en trasponer la directiva europea de plazos de pago, que marca un máximo de 30 días para las administraciones y de 60 para las empresas.
Sin embargo, los últimos datos muestran como, lejos de acercarse, los plazos de pago siguen estando muy lejos de lo marcado por ley y parecen quiméricos. El índice de pago en Europa, elaborado por la multinacional sueca Intrum Justitia, muestra como ese plazo se ha reducido por primera vez desde 2009 (cinco días menos), pero aún se situó en marzo en 155 días, 125 por encima de lo que marca la normativa europea.
El informe hace hincapié en el efecto demoledor que los impagos tienen en la economía española. En términos absolutos, el estudio calcula que genera unas pérdidas anuales de 25.400 millones, equivalentes al 2,7% del PIB. Pero si se desciende a la economía real, el impacto es mucho más dramático. El estudio, realizado a partir de entrevistas a 9.800 empresas de 29 países europeos entre enero y marzo, concluye que por cada 500 euros de impagos que acumula una compañía, tendría que aumentar sus ventas en 10.000 euros para compensar ese agujero.