Cualquier jugador de mus sabe que lo que viene después del título de esta columna es “…perdedor seguro”, refiriéndose a que quienes apuestan por esta jugada, anteponiéndola a la grande, pares o juego, generalmente tienen pocas o ninguna posibilidad de ganar la partida.
Publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas un barómetro sobre las mayores preocupaciones de los españoles. Desde hace ya tiempo, la sanidad figura en uno de los primeros lugares en la lista de los problemas que más afectan al entrevistado de una forma directa. En la última oleada de Julio de 2024, ocupaba el segundo lugar con un 16,6% apostando por ella como principal problema, solo por detrás de la situación económica y por delante de temas tan relevantes como la calidad del empleo, el paro, la vivienda o la emigración. Como comparación, en 2009 solo el 4,7% de los entrevistados identificaba la sanidad como su principal problema, muy por detrás de otros muchos ítems a los que hoy ha superado claramente.
Han pasado casi 40 años desde que la Ley General de Sanidad estableciera las reglas de juego del sistema nacional de salud, complementadas por el estatuto marco que regula las normas de trabajo de los profesionales sanitarios, entre otras disposiciones legales estatales. Durante mucho tiempo se quiso vivir el espejismo de “la mejor sanidad del mundo”, una afirmación que nunca ha resistido un mínimo análisis serio, pero que las dos crisis del presente siglo, la económica del 2008 y la sanitaria/económica del 2020 han tornado simplemente ridícula.
La situación actual, sin caer en el catastrofismo que sería el extremo opuesto del triunfalismo anterior, es la de un sistema nacional de salud envejecido al que se le saltan las costuras, dejando ver sus numerosas carencias consecuencia tanto de un déficit crónico de financiación, se mida como se mida, cuando lo comparamos con los países de nuestro entorno, como de una gestión manifiestamente mejorable.
Un ejemplo claro es el capítulo de los recursos humanos que es el que más disgustos suele originar por el desajuste entre la oferta y la demanda, especialmente en época veraniega, y en determinadas especialidades y áreas geográficas. Aquí la sintonía ministerio – autonomías con independencia de quien gobierne, y que tanto se echa de menos en muchos asuntos, ha sido máxima a lo largo de los últimos 20 años: tan desastrosa ha sido la política ministerial sin la más mínima planificación, ni registro de profesionales y con una conducta errática e improvisada en las convocatorias de las plazas MIR o la convalidación de títulos, como la de las autonomías, con contratos basura, sueldos ínfimos, interinidad permanente y política cortoplacista. A nadie puede extrañar que tanto médicos como enfermeras jóvenes, con una excelente formación, emigren en cantidades significativas en busca de mejores horizontes laborales.
Podríamos citar otros muchos termómetros de la situación sanitaria pública como las listas de espera y las consiguientes demoras tanto quirúrgicas como de consultas o exploraciones, en máximos históricos, o la contratación de pólizas privadas, con un crecimiento continuo como signo de desafección progresiva frente al sistema público, realmente preocupante. Un total de 12,42 millones de españoles, uno de cada cuatro, pagan ya una póliza privada, un 40% más que hace 10 años.
Y ante esta situación poco edificante, con el sistema sanitario gravemente herido, los responsables sanitarios optan por las tiritas como tratamiento salvador. Efectivamente las medidas parciales encaminadas a mejorar en lo posible la gestión de lo que hay, son obligadas y pueden aliviar sintomáticamente la situación, pero no van a solucionar los graves problemas estructurales del sistema. Si jugamos a chica, vamos a perder seguro…y lo malo es que llevamos ya mucho tiempo perdiendo y mucho tiempo perdido.
Aunque es verdad lo que repiten sistemáticamente los ministros/as de sanidad desde hace 20 años cuando se les pide que solucionen algo, de que la sanidad está transferida a las comunidades, lo cierto es que éstas carecen de herramientas para solventar los dos problemas estructurales fundamentales que lastran nuestro sistema sanitario y amenazan con hacerlo inviable: la infrafinanciación y un marco legal totalmente obsoleto. Ambos temas competen plenamente al gobierno central y aunque deberían ser liderados por el ministerio de sanidad, sobrepasan su ámbito de actuación para convertirse claramente en un asunto de estado.
Estamos hablando de POLÍTICA con mayúsculas, de la que afecta e interesa al ciudadano. Se trata de dotar al sistema de un nuevo marco legal que sustituya al que tenemos desde hace 40 años, que sirva para una sanidad plenamente transferida, pero con necesidades evidentes de armonización coordinación y liderazgo, que aporte un marco nuevo de relaciones laborales ilusionante para los profesionales, donde se reconozca y se premie el trabajo y la iniciativa evitando el “café para todos” (o sea, lo contrario que ahora), y que además cuente con el consenso político y social del que disfrutó la ley general de sanidad de 1986. Indispensable establecer de una vez por todas las reglas de la relación con la sanidad privada que como veíamos antes, cada vez tiene un mayor peso y a la que no se puede ignorar como si no existiera o denostar como portadora de todos los males. Por descontado, cualquier cambio de este calibre requiere de una financiación suficiente que en este momento dista mucho de existir.
Frente a estas necesidades, basta recordar el perfil y los logros de los últimos diez ministros de sanidad (si es que alguien es capaz de recordarlos sin recurrir a la Wikipedia) y sobre todo de su irrelevancia dentro de sus respectivos gabinetes. La mera enumeración de la mayoría de ellos/as, de su experiencia en gestión sanitaria antes de ocupar la cartera ministerial, y por supuesto de sus escasos logros, da una idea de lo poco o nada que les ha importado la sanidad a los sucesivos presidentes de gobierno de ambos partidos mayoritarios que les han ido nombrando. Y así nos ha ido.
La grave crisis que padece nuestro sistema sanitario solo podrá empezar a solucionarse cuando haya un gobierno realmente comprometido con la sanidad (no por llevar pancartas) de manera transversal, es decir, con todos los ministerios con algo que decir sobre el tema, muy especialmente los de hacienda y administraciones públicas, y desde luego liderado por un equipo con amplia experiencia en gestión y con la autoridad moral y habilidad diplomática necesarias para conseguir el mayor acuerdo posible entre todas las administraciones de cualquier signo implicadas en el problema. La voluntad política de todos es fundamental como lo es la exclusión de la sanidad del debate partidista diario. Sobran los ministros y consejeros activistas de sus partidos.
Mientras no se den estas circunstancias, las medidas que se vayan tomando, podrán ser paliativas, pero desde luego no atajarán la raíz del problema y lo esperable es que el sistema se siga deteriorando. Y es mucho lo que nos estamos jugando.