¿Por qué no puedo vacunar a mi hijo contra la varicela?

Esta es la pregunta que con más frecuencia se hacen los padres ante la situación real o, al menos, la situación que percibe la población general en torno a la vacuna de la varicela, unida a estas otras: ¿por qué no puedo vacunar a mi hijo o a mis nietos, si además me lo ha recomendado nuestro pediatra? ¿Es que no se trata de una vacuna segura? ¿O es que no es eficaz? ¿Por qué la han retirado del calendario de vacunación oficial del sistema sanitario público y ya no se puede poner hasta los 10 o los 12 años? ¿Por qué antes era segura y ahora parece que no lo es? ¿Es que ahora es peligrosa para los niños pequeños? ¿Y si yo quiero vacunar a mi hijo por mi cuenta, pagando yo la vacuna? ¿Por qué solo se puede vender en Navarra, en Ceuta y en Melilla? ¿O es que tengo que comprarla de estraperlo en Andorra, en Portugal o a través de internet? ¿Por qué se han retirado de las farmacias en España? ¿Se trata de un medicamento prohibido? ¿Por qué…?

Estas y otras muchas preguntas similares son las que desde noviembre pasado se está haciendo la población general y a las que ningún organismo oficial está dando una respuesta clara y rigurosa. Más bien parece que el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, esté haciendo oídos sordos ante esta cuestión y que, por razones que todos desconocemos, prefieren dar la callada por respuesta.

Pero esto mismo sucede con Sanofi Pasteur MSD, que es quien comercializa la vacuna. ¿Por qué este silencio administrativo y comercial? ¿Por qué no se está escuchando a los expertos de las sociedades científicas implicadas en el tema? Pero lo más importante y urgente, en mi opinión: ¿Por qué no permiten a los ciudadanos que vacunen a sus hijos, si es el pediatra quien lo recomienda? ¿Por qué no se puede comprar la vacuna contra la varicela, si el contribuyente desea pagarla de su bolsillo como puede hacer con la de la gripe por poner un solo ejemplo? El silencio solo lleva a la confusión y es un claro desencadenante de la alarma social que se está empezando a cultivar entre los ciudadanos y, lo que es peor, entre los propios profesionales sanitarios.

Para luchar contra este inadmisible silencio, lo mejor es invitar oficialmente a la Administración sanitaria a que conteste a todas estas preguntas en el Parlamento, a través de las preguntas oficiales, que tanto los colectivos profesionales, Consejo General de Médicos y el de Enfermería, como las sociedades científicas deben hacer sin más dilación. ¿O acaso hay otra solución mejor y más eficaz?

Por cierto, ante problemas como éste siempre hay innovadores que se aprovechan de la situación para mejorar su línea de negocio: ya son varias las empresas que tienen incorporado su sistema de venta de la vacuna, asegurando “un transporte urgente que no rompe la cadena del frío” desde las farmacias de Navarra, pagando el precio de la vacuna Varivax, 71 euros, más 23,16 euros por los portes. ¿Es esto lo que realmente merecemos?

Si los políticos siempre nos quieren comparar con nuestros vecinos europeos, ¿por qué ahora no permiten la liberación de un medicamento, que desde luego no está prohibido, como se está haciendo en Francia, Alemania o Portugal, donde la venta está liberalizada en las farmacias, como no puede ser de otro modo?. Por cierto que Marta Vera, consejera de Salud de Navarra, sigue manteniendo la vacuna en el Calendario de Vacunación Oficial a los 12 meses, porque según sus propias palabras “la enfermedad está ya prácticamente erradicada en Navarra y dejar de hacerlo sería perder la inversión en salud que hemos hecho en los últimos años con mucho esfuerzo”.

En fin, de nuevo el problema de la falta de equidad e igualdad entre los ciudadanos contribuyentes de las diferentes comunidades autónomas.