Una pésima noticia

Los Presupuestos Generales del Estado, desde su inicial redacción como proyecto normativo hasta su aprobación como ley de general cumplimiento, muestran a las claras el rumbo que un gobierno determinado quiere seguir en un futuro próximo con las consiguientes repercursiones en el día a día de todos los ciudadanos.

Las cuentas generales de un país determinan la política del Ejecutivo de turno en la mayoría de los ámbitos y marcan sus prioridades en función de los recursos económicos destinados. Poderoso caballero es Don Dinero, decía Francisco de Quevedo… ayer, hoy y siempre.

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"Mejorar el sistema sanitario público español no es una prioridad para el actual Gobierno de Pedro Sánchez"

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Aun sin saber si finalmente serán aprobados dada la compleja situación política actual de nuestro país, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año constata que mejorar el sistema sanitario público español no es una prioridad para el actual Gobierno de Pedro Sánchez, como tampoco lo fue para anteriores ejecutivos del Partido Popular.

Desinversiones sin fin

Los actuales responsables del Gobierno han olvidado rápidamente compromisos realizados cuando se encontraban en la oposición y han decidido que el gasto sanitario público no podrá superar el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019.

Diez años antes, estando en el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en el marco de las decisiones adoptadas para luchar contra la grave crisis económica presente en nuestro país, se inició una senda de desinversión pública en la sanidad que no parece tener fin.

Cierto es que no seguimos reduciendo la aportación del Estado para el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), como sucedía en años anteriores, pero decidir no aumentarla de forma significativa es una pésima noticia para los ciudadanos, los profesionales sanitarios y el sistema sanitario público en su conjunto.

Una mala noticia, por cierto, que no comparten los ciudadanos de la mayoría de los países de nuestro entorno que en los años duros de crisis no redujeron de manera significativa su gasto sanitario público sino que mantuvieron su apuesta por garantizar unos servicios acordes con las necesidades de la población.

Siendo consciente de que la configuración de las cuentas públicas depende de muchos factores, algunos de ellos ajenos al propio Ejecutivo, y de que la actual situación política condiciona en gran medida la acción gubernamental, entiendo que éste tenía el margen de actuación suficiente para demostrar que realmente apuesta por la sanidad de todos.

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"Sin más recursos humanos y materiales no es posible mantener un sistema sanitario que responda satisfactoriamente"

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No hay que olvidar, además, que la progresiva desinversión en la sanidad pública beneficia claramente a las grandes empresas que ganan dinero a costa del bolsillo de los ciudadanos que se ven obligados a contratar un seguro privado de salud al constatar que la atención que reciben en los centros públicos es cada vez menos satisfactoria como consecuencia de la falta de medios y recursos humanos y materiales, y todo ello a pesar del enorme esfuerzo que cada día realizan los profesionales por intentar mantener la calidad y seguridad asistencial.

La pública hacia abajo, la privada crece

Mientras la sanidad pública va a la baja, la sanidad privada ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que beneficia a unos pocos pero no a la generalidad de los ciudadanos de un país que pagan sus impuestos para tener una atención sanitaria pública segura y de calidad en su hospital, centro de salud, etc…

Ante esta lamentable constatación de la realidad, desde la organización sindical que presido seguiremos insistiendo en la necesidad de aumentar hasta el 7,5, por ciento del PIB el gasto público destinado a la sanidad. Algo que también defienden varios consejeros de Sanidad autonómicos, algunos de ellos del mismo signo político que el Gobierno.

Está claro que sin más recursos humanos y materiales no es posible mantener un sistema sanitario que responda de manera satisfactoria a las necesidades de atención y cuidados de los pacientes y ciudadanos en general. Es algo tan obvio como justo. El problema es que nuestros responsables públicos siguen sin querer entenderlo y, por ende, llevarlo a la práctica.

En definitiva, se ha desaprovechado una nueva oportunidad para apostar por nuestra sanidad pública y, querámoslo o no, la decisión adoptada por el Gobierno nos pasará factura a todos, ahora y en tiempos venideros.