Cumplir la ley, siempre

¿Cumplimos lo que regulamos?, ¿los poderes públicos respetan el ordenamiento jurídico, como establece el artículo 9 de nuestra Constitución? Lamentablemente, si es así, no lo es en todos los casos.

Está ocurriendo, por ejemplo, en un ámbito de especial importancia en nuestro Sistema Sanitario, como es el de la salud laboral de sus profesionales. Lo ha constatado, de manera irrefutable, el Observatorio sobre Bioseguridad, cuyo primer informe ofrece datos muy preocupantes al respecto.

Este estudio, impulsado desde la Mesa de la Profesión Enfermera, ha analizado si se está cumpliendo la normativa vigente y se están desarrollando todas las actuaciones necesarias para evitar que los profesionales de Enfermería se pinchen o corten cuando realizan prácticas y técnicas cotidianas como administrar una vacuna, canalizar una vía a su paciente o hacer una cura.

Sus conclusiones no dejan lugar a dudas. No solo se sigue poniendo en peligro su salud, sino que las cosas han empeorado en los últimos años. Y es que los accidentes biológicos causados por material cortopunzante han aumentado desde 2013, tanto en hospitales como en centros de salud, según este informe.

Pinchazos o cortes que, como todos los profesionales sabemos,  conllevan una alta posibilidad de contagio de más de 20 virus potencialmente mortales, entre ellos los de la hepatitis –tanto B como C– o del Sida, entre otras enfermedades transmisibles.

Como el enunciado anteriormente, otros resultados del estudio constatan que las acciones y medidas que contempla la Orden ESS/1451/2013, sobre la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes, no se han puesto en práctica, como se debería, en todos los centros sanitarios de nuestro país.

Sobre el papel está muy claro lo que hay que hacer, lo que ocurre es que no lo están haciendo ni las administraciones públicas competentes ni los gestores sanitarios privados. Ni se han establecido procedimientos de seguridad adecuados, ni se han introducido dispositivos con mecanismo de seguridad integrado, ni se ha formado e informado convenientemente a los profesionales...

Y sobre todo, persiste el grave problema de la sobrecarga asistencial a la que se enfrentan los profesionales de Enfermería en su día a día al contar su centro con una plantilla claramente insuficiente. Una sobrecarga que es, en muchos casos, un condicionante decisivo para que se produzcan este tipo de accidentes.

Además, quiero subrayar que si el riesgo biológico es constante en el trabajo de cualquier profesional de enfermería, existe otro riesgo igual o más preocupante, como es el del manejo de medicamentos peligrosos, muchos de los cuales, más allá de los citostáticos (habituales en el tratamiento del cáncer), son de uso común en numerosas unidades y ámbitos sanitarios, incluida la Atención Primaria.

El informe del Observatorio apunta, por ejemplo, que en la mitad de los centros sanitarios analizados no se ha realizado una evaluación de los riesgos laborales que asumen las enfermeras y enfermeros que manejan estos productos citostáticos. Riesgos que incluyen el que los profesionales puedan desarrollar algún tipo de cáncer, o sufrir malformaciones o abortos en caso de embarazo.

Esta es la realidad que se vive en los centros y ante la que los gobiernos y empleadores privados no están dando una respuesta satisfactoria, según marca la ley. Desde Satse seguiremos insistiéndoles para que, de una vez por todas, tomen cartas en el asunto, porque la salud de los profesionales de Enfermería repercute directamente en la atención que se presta a los ciudadanos. Su salud es la de todos.