¿Los rumores pueden constituir un delito contra la salud pública?

Desde hace tiempo y especialmente desde que internet no tiene barreras ni leyes que nos protejan a los consumidores, somos bombardeados con un sinfín de mensajes que nos aseguran que los desodorantes desencadenan cáncer de mama y otras muchas enfermedades. Ahora, y no es nada nuevo, porque ya lo intentaron hace años, recibimos por WhatsApp o SMS un mensaje que dice en su cabecera Difundir URGENTE, RIESGO DE MUERTE, que, según quienes difunden este infundado rumor, procede del Ministerio de Salud a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, cuando ninguno de estos organismos tienen presencia alguna en nuestra Constitución, ni en nuestra legislación sanitaria.

Dicen en el mensaje que se acaba de prohibir la comercialización de todos los productos que contengan Fenilpropalamina y nos ofrecen un amplio catálogo de 28 fármacos antigripales con sus nombre comerciales, asociando su consumo a “hemorragias cerebrales y casos de muerte súbita en jóvenes”. Este principio activo no existe, aunque  cuando hacemos la búsqueda en Google, nuestro mejor aliado en estos casos, nos corrige lo escrito y nos propone su búsqueda sobre la fenilpropanolamina, lo que nos ha de hacer pensar sobre la verdadera credibilidad de lo que dice el mensaje que recibimos. Incluso estos personajes que se dedican a alarmar con estos rumores totalmente infundados, se atreven a incluir un pie de firma con el nombre de una doctora del Departamento de Biología Molecular, Genética y Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, con un número de teléfono y de fax, que desde luego no existen en realidad. Y se atreven a asegurar que si no aparecen estas noticias en los medios de comunicación es porque “el mercado farmacéutico temblaría”. Y…¿quién firma este WhatsApp? Pues lo firma Esther, sin apellidos, del Departamento de Cardiología del Hospital Insular de Gran Canaria.

Todos sabemos el daño que pueden hacer en la población general este tipo de rumores, porque llegan a todos y muchos, más de los que pensamos, darán crédito a lo que dicen y dejarán de tomar los medicamentos prescritos o aconsejados por su médico, por su profesional de enfermería o por su farmacéutico. Un verdadero despropósito, que si no está incluido dentro de los considerados como delitos contra la salud pública, seguro que lo estarán en otro tipo de delitos. No puedo creer que cualquier persona pueda protagonizar este tipo de alarma social entre los consumidores, sin que la ley lo contemple como delito, pero esto nos lo tendrán que decir los expertos en Derecho.

Por otra parte, poca importancia le damos a estas frecuentes situaciones, porque en uno de los medios de comunicación en los que colaboro asiduamente, no les pareció oportuno aclarar el tema aludiendo que “si todo esto es falso, es mejor no darle publicidad”. Y precisamente por esta actitud, los desaprensivos y charlatanes seguirán aprovechándose de la buena voluntad de los ciudadanos consumidores. Al menos nosotros, como profesionales sanitarios, sí que deberíamos aclarar, y en voz alta, cada uno de estos rumores que no hacen más que confundir a los pacientes, poniendo en riesgo su propia salud.