Desde el
principio de la pandemia estamos soportando, y cada día más, a diferentes
grupos que niegan la evidencia científica y clínica de todo lo que tiene que ver con la investigación, las consecuencias clínicas, las pruebas diagnósticas, los diferentes tratamientos en ensayo clínico y por supuesto todas las posibles vacunas, con
mensajes conspiranoicos que llegan a la población general
provocando miedo, incertidumbre y potenciando la falta de credibilidad de la ciencia médica y una creciente alarma social.
A todos les ampara nuestra
Constitución porque en un país democrático como España, se garantiza su
libertad de expresión, pero ¿hasta donde? ¿Les protege a todos? ¿También a los profesionales sanitarios? ¿Dónde queda entonces nuestro
derecho a una información fidedigna y contrastada en relación a la salud y la enfermedad?
Los 'negacionistas' o 'negacionecios', como se les ha calificado acertadamente, son sin duda alguna el
riesgo más importante en estos momentos para nuestra Salud Pública, la de todos.
Miguel Bosé y sus seguidores alentando a una manifestación en la que recientemente se dieron cita en Madrid, más de
3.000 personas, sin mascarillas y sin respetar la mínima distancia de seguridad y alentando a todos a no respetar estas reglas de oro de la prevención, pueden decir estas barbaridades sin temor a una sanción legal, porque tienen derecho a la libertad de expresión. Se escudan también en que tienen derecho a manifestarse públicamente y por ello acaban de convocar una nueva concentración pública.
"Los gobiernos de turno autorizan estas peligrosas aglomeraciones y luego tratan de identificar a los manifestantes para sancionarles; ¿dónde queda el derecho de todos a la salud? ¿No se trata de prevenir?"
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Pero al manifestarse como lo hacen
están potenciando el riesgo de contagio del SRAS-Cov-2, con lo que se convierten en 'verdaderos focos de contagio' y este debería ser el argumento que tendrían que esgrimir nuestros gobernantes para 'prohibir' nuevas manifestaciones de este tipo. Sin embargo, los gobiernos de turno autorizan estas peligrosas aglomeraciones y luego tratan de identificar a los manifestantes para sancionarles;
¿dónde queda el derecho de todos a la salud? ¿No se trata de prevenir?
¿También las leyes protegen a los profesionales sanitarios que se dan cita en plataformas negacionistas como la denominada '
médicos por la verdad' para trasladar a la población general
mensajes que afectan directamente a la Salud Pública de todos y que están generando una 'verdadera alarma social'? Entiendo que deben estar protegidos, aunque parezca una gran ironía legal, porque de lo contrario ya deberían haber sido llamados ante el juez de guardia.
Es cierto que algunos
Colegios Profesionales y varias Sociedades Científicas están comenzando a situarse al lado de los ciudadanos recordando que estos profesionales están cometiendo faltas contra nuestro código deontológico, pero también hay quienes se niegan a que se les sancione como se merecen. Por fin, aunque parece que ha costado, el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España acaba de abrir un 'expediente informativo' para “examinar si están incurriendo en un comportamiento que vulnere los artículos recogidos en el
Código Deontológico”, y somos muchos los que esperamos que esta investigación acabe con un
verdadero expediente disciplinario que conlleve las máximas sanciones que las leyes vigentes permitan. No hay derecho a que escudándose en su 'libertad de expresión' animen con sus
maquiavélicos y conspiranoicos discursos a la población general a dejar de cumplir las normas de prevención del contagio.
Cada vez se hace mas necesario contar con un verdadero
Observatorio de Seguridad de la Información sobre la Salud y la Enfermedad, que no dependa del Estado ni de ninguna Comunidad Autónoma, y que sea
totalmente libre e independiente, pero que analice toda la información que se publica en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, elaborando los
necesarios informes en cada momento, siempre
basados en la evidencia y el rigor de la ciencia. No se trata de limitar la libertad de expresión a nadie, pero sí de
contribuir a neutralizar los mensajes negacionistas que tanto daño están haciendo a la población general.
Y
en esto deberíamos estar todos los profesionales sanitarios, desde las instituciones oficiales y desde nuestras modestas tribunas de opinión; en neutralizar a todos los negacionistas con nuestros artículos de opinión, con nuestras conversaciones sociales, con nuestros mensajes en las diferentes redes sociales, y cada una de nuestras contribuciones en los medios de comunicación. Solo de este modo y con la ayuda de todos nuestros expertos en
Derecho Sanitario, podremos vencer a unos pocos que tanto daño están haciendo, porque los que defendemos la
evidencia científica somos muchos más, aunque la verdad es que se nos escucha mucho menos.