La sanidad necesita reformas a 25 años

La sanidad pública española ha sufrido un enorme deterioro como consecuencia de las políticas desarrolladas en los últimos 4 años lo cual ha afectado a dos parámetros fundamentales: la equidad y la sostenibilidad financiera.

Hoy, la sanidad pública es enormemente desigual e inequitativa y, además, tiene un importante déficit como consecuencia de una insuficiencia presupuestaria que se ha situado entre los 7000 y los 9000 millones de euros cada uno de los años de esta legislatura.

A ello hay que sumarle la dramática ausencia de planificación estratégica, que se hace más relevante debido al enorme cambio producido en la sociedad española desde el punto de vista demográfico y social y por la cronicidad de muchas enfermedades generada por el importante avance producido en la medicina en las últimas décadas.

Es una situación que requeriría un nuevo planteamiento de planificación estratégica cuya ausencia es el principal determinante para entender la falta de rumbo de la sanidad española. Una falta de rumbo que le genera enormes dificultades para adaptarse a un nuevo mapa de necesidades en lo que se refiere a la organización de la protección de la salud de los españoles.

Desde el punto de vista de la gestión de profesionales, la ausencia de elementos de planificación estratégica para definir las necesidades de personal y para cambiar la gestión de su talento con criterios de eliminar una política retributiva de café para todos y de no atender la captación de los profesionales con criterios de adecuación al puesto de trabajo, ha llevado a una situación de desmotivación y desapego paulatino hacia el sistema público a lo que ha contribuido el continuo deterioro de las retribuciones como consecuencia de la crisis y el fracaso de los gestores sanitarios en el desarrollo de políticas de autonomía de gestión.

De igual forma, la ausencia de liderazgo institucional por parte del Ministerio de Sanidad, que solo se ha limitado a aplicar la cuota de política de austeridad que le ha sido definida y asignada por el Ministerio de Hacienda, ha acrecentado los problemas de gobernanza preexistentes dando lugar a enormes disfunciones y dificultades para conseguir niveles razonables de coordinación y de equidad territorial que en estos tiempos se perciben con enorme preocupación entre todos los agentes del sistema: autoridades, gestores. profesionales, proveedores, pacientes y ciudadanos.

De igual forma, hay que señalar que la tensión que la innovación tecnológica ejerce sobre el sistema de salud tanto en lo que se refiere al coste de la entrada de la misma en el sistema como en lo que se refiere al impacto en el curso de la enfermedad con lo que ello debería suponer para la redefinición de la organización y por tanto a la innovación organizativa, genera un impacto de disfunciones financieras y de ineficiencias organizativas ante la ausencia de elementos de planificación estratégica que, de existir, permitirían adoptar las oportunas decisiones.

En este sentido es llamativa la necesidad de reforzar los procesos de decisión sobre nuevas tecnologías para asegurar eficiencia, eficacia y sostenibilidad y la necesidad de reorientar el sistema hacia la cronicidad eliminando las causas estructurales que dificultan la eficiencia y la coordinación en el interior de las estructuras sanitarias y entre las estructuras sanitarias y las sociales.

No hay una planificación que permita asegurar las previsiones financieras para una adecuada, eficiente y sostenible renovación tecnológica e institucional de nuestra sanidad pública.

Finalmente, las medidas adoptadas en estos 4 años por las que se privó del derecho a la cobertura sanitaria a unos 800 mil ciudadanos, la incorporación de nuevos copagos farmacéuticos, el abandono de políticas preventivas o la ausencia de estrategias que incorporen el principio de salud en todas las políticas obviando así la lucha frente a los determinantes en salud, han generado problemas de accesibilidad a importantes colectivos y dificultades para orientar el sistema hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el fomento de la autoresponsabilidad del ciudadano en el fomento y cuidado de su propia salud.

La obesidad infantil es un ejemplo concreto en este apartado dado que crece dramáticamente sin respuestas concretas y eficaces. De no corregirse, nos espera más cáncer, más diabetes y más enfermedades cardiovasculares en el futuro. Una situación que podría evitarse aplicando políticas preventivas eficaces.

En definitiva, un rápido y somero diagnóstico de situación de la sanidad pública española arroja el siguiente cuadro de problemas relevantes.

1.- Grandes inequidades
2.- Insuficiencia financiera crónica
3.- Desmotivación y desapego profesional
4.- Descoordinación e ineficiencia organizativa ante la cronicidad
5.- Ausencia de planificación estratégica y dificultades en la gobernanza del sistema
6.- Barreras de acceso a diferentes colectivos
8.- Abandono de las políticas preventivas y de salud pública

Ante esta situación es imprescindible el desarrollo de una política sanitaria reformista que introduzca las reformas necesarias para cambiar el rumbo actual de la sanidad pública española y defina un nuevo proyecto compartido con visión estratégica para los próximos 25 años y para anticipar los cambios y adaptar el proceso de toma de decisiones y la propia organización a esos cambios.

Hay que asegurar un buen sistema sanitario público por su importante contribución a la salud y el bienestar de la población, a la cohesión territorial y a la economía del país dada su capacidad de generación de empleo (1 millón de puestos de trabajo) y de impulso a la I+D+i .

Las próximas elecciones deberían generar la oportunidad al cambio necesario y situar en las cortes generales (a semejanza del pacto de Toledo para las pensiones), el sitio donde definir y monitorizar ese proyecto estratégico común para los próximos 25 años.