La Sanidad Pública es incompatible con el ánimo de lucro

Decía Aristófanes, que “no hay ningún hombre realmente honrado; ninguno de nosotros se encuentra libre del afán de lucro”. Frase que dice algo importante y posiblemente muy cierto. Todos los hombres tienen en mayor o menor medida, afán de lucro. Claro que si este ánimo se traspasa de lo personal a la gestión pública, la cosa se complica.

Y se complica tanto como para que nos encontremos actualmente rodeados e inmersos en toda una vorágine de casos de corrupción asociada a la gestión de lo público, lo que es de todos, lo que financiamos los ciudadanos. Tanto se complica que ha llevado a ciertos políticos que tienen excesivamente desarrollado su afán de lucro personal, a encontrase entre los habitantes forzosos de unos centros penitenciarios que los albergan a ellos y sus fechorías.

La Sanidad Pública es un logro extraordinario del estado de bienestar, un logro que es considerado prioritario por los ciudadanos. Todos somos usuarios de los servicios sanitarios, desde que nacemos hasta el final de la vida. Si hay un servicio público esencial es el de la cobertura sanitaria universal. Y sabemos, además, que este servicio representa el mayor de los gastos de cualquier Comunidad Autónoma, cerca del 45 % de media. Para hacernos una idea más visible, en Madrid supone unos 7.500 millones de euros.

Tanto dinero  y tanto gasto en unas manos inadecuadas puede ser un riesgo. La Sanidad Pública debe ser eficiente, sin duda, y también debe ser gestionada con unos parámetros diferentes a los de la Sanidad privada. En esta última un empresario o un profesional, arriesga su dinero, hace una apuesta de negocio que busca un beneficio, lo que es legítimo. Ofrece unos servicios y los ciudadanos que se los compran voluntariamente le dan unos beneficios. No creo que esto sea inmoral, ilegítimo, o esté fuera de lugar.

Pero en el ámbito de la Sanidad Pública las cosas son diferentes. No se puede hablar de lucro, no se puede hacer “negocio”. La Ley permite y da la posibilidad de concertar con entidades privadas, eso es una realidad. Pero también lo es que esta debe ser siempre complementaria, la excepción. Aquí se produce un caso de choque de legitimidades, que es difícil de entender. Que la Sanidad Pública trasfiera fondos a la Sanidad privada y ésta última obtenga unos beneficios empresariales suena al menos como algo inapropiado. Es legal, si, es legítimo, también, pero debe estar en todo caso sometido a un proceso de auditoría, control de procedimientos y resultados.

La Sanidad Pública no tiene lucro, eso es evidente, y tampoco puede entenderse de otra manera. La eficiencia debe generar un beneficio y este es el que con el mismo presupuesto se presten más y mejores servicios. Invertir los “beneficios” en mejores equipamientos, mantenimiento, plantillas, etc., es necesario y no debemos olvidar que en Sanidad la demanda es infinita y que a mayor oferta se genera mayor demanda. Hay listas de espera que demuestran esta realidad y que siempre han existido y existirán. Esto nos lleva a pedir que la gestión de la Sanidad Pública sea un objetivo inexcusable y sometido a trasparencia, buen gobierno y gestión profesional.

Para concluir, ¿lucro en la Sanidad Pública?: no; ¿lucro en la Sanidad privada con fondos públicos?, esa es la gran pregunta que deben responder los políticos, que no olvidemos que son los que por Ley lo han permitido, lo permiten y creo que lo seguirán permitiendo.