Un baremo imprescindible para evitar más daño al sistema sanitario

Es conocido el hecho de que nuestro sistema sanitario necesita medidas que permitan garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo para que pueda dar a la población la mayor cobertura sanitaria posible en condiciones de equidad. Estas medidas van mucho más allá de recortes puntuales y requieren probablemente de cambios de fondo que impliquen la modificación de prioridades en las coberturas, la eliminación de prejuicios para poner a disposición del sistema los recursos públicos y privados, y, por supuesto, la renuncia a los localismos en favor de una planificación nacional, coordinada y dirigida desde el gobierno central, que asegure el máximo aprovechamiento de todos los recursos y su utilización en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.

Las medidas descritas obedecen al sentido común y a la lógica y, así, son entendibles  por todo el mundo. Ahora bien, existen otras medidas de fondo cuyo entendimiento es mucho menos accesible al público en general, pero cuyas consecuencias son tan desastrosas para la sostenibilidad del sistema como cualquiera de las anteriores. Sin duda, una de ellas es la falta de un baremo específico para la valoración de los daños derivados de la actividad sanitaria. Es más: me atrevería a decir que el hecho de conducir los siniestros derivados de la responsabilidad profesional sanitaria por los cauces ordinarios de la Justicia, cuando, en buena lógica, de estos siniestros solo pueden concluirse lesiones para el paciente o la muerte, es una de las mayores dificultades con las que nos encontramos para poder controlar y prever el gasto sanitario.

Pero empecemos con el baremo y ya habrá tiempo de reclamar una solución judicial específica para los daños derivados de la responsabilidad sanitaria –posiblemente la mediación o la conciliación– que pase por evitar de forma expresa una de las mayores lacras que tienen que padecer nuestros profesionales en el ejercicio de sus funciones: la pena del banquillo.

La pena del banquillo (y para evitar las prácticas relacionadas con la Medicina defensiva o la Medicina omisiva –imposibles de detectar, controlar y legislar porque están dentro del campo de acción de la libertad del profesional–), es causa de buena parte del gasto sanitario no necesario y que por tanto, de evitarse, podría contribuir a tener mayores recursos para todo el sistema.

La falta de un sistema que valore de manera justa y equilibrada los daños derivados de la responsabilidad sanitaria es uno de los principales motivos de inseguridad jurídica a la cual se enfrentan los profesionales y las compañías aseguradoras. Y esto se va a ver acrecentado con la aprobación del nuevo baremo de tráfico, único referente que tienen los jueces para aplicar las secuelas por los accidentes o al que se agarran para valorar las secuelas de los actos derivados de la responsabilidad profesional sanitaria.

El nuevo baremo de tráfico incorpora muchas nuevas medidas que tratan de objetivarmucho más las secuelas del accidente leve pero incrementa a su vez las indemnizaciones de los accidentes graves.

El nuevo baremos de accidentes de tráfico está dirigido fundamentalmente a contener la siniestralidad en el gasto de las compañías de tráfico, generado habitualmente por siniestros leves, pero deja en el aire las indemnizaciones de los siniestros graves y con ellos los de la responsabilidad sanitaria, puesto que en ella las consecuencias habitualmente son mucho más graves y, en estos casos, sienta las bases para que las indemnizaciones máximas suban de los actuales 1-1,5 millones de euros hasta los 3-4 millones por siniestros. ¿Cuánto deberán subir las primas de los profesionales sanitarios para poder hacer frente a estas compensaciones?

Desde el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, a partir de la dirección de Julio Sánchez Fierro y el presidente de la aseguradora AMA, Diego Murillo, se ha estado trabajando cerca de dos años, en coordinación y de acuerdo con las sociedades científicas, para la elaboración de un baremo complementario que añadiera o sustituyera, respecto al proyecto de nuevo baremo de tráfico, aquéllas secuelas que son propias del ejercicio sanitario.

De este trabajo ha salido un documento que ha arrojado 111 secuelas no descritas en el baremo de trafico porque solo se dan en el ámbito sanitario y cuya presencia a la hora de orientar a abogados y tribunales sería imprescindible para ayudar a regular el ejercicio de la profesión y transmitir algo de tranquilidad a los profesionales y, con ellos, a los propios pacientes.

Parece que, en esta ocasión, tampoco se podrá aprobar el texto y quedará reflejada su necesidad a modo de enmienda en la nueva ley para su corrección en un futuro. Más vale que sea así. La inseguridad jurídica que sufren nuestros profesionales sanitarios es una especie de herida en el sistema, que, como se dice en nuestro medio, sangra en sábana, y por ella se pierden de manera innecesaria muchos miles de euros. Y además, también genera insatisfacción a los pacientes, los cuales, por falta de referencia real, se ven abocados a no poder llegar a un acuerdo extrajudicial teniendo que pleitear para poder obtener una indemnización que en ocasiones es justa.

Sigo sin entender a quién beneficia esta situación, pero en mi opinión es una de las asignaturas pendientes más urgentes y prioritarias que debería afrontar el gobierno que entre tras las elecciones generales. Si seguimos así, en mi opinión, solo perdemos todos.