Un clásico de los
estudios de Derecho decía “Para ganar un juicio hay que tener la razón, demostrar que la tienes, y que el juez te la dé “. Eso, un clásico, una
leyenda urbana, no siempre tan obvio ni tan cierto.
Viene esta reflexión a cuento de la dificultad que hoy tienen muchos
profesionales sanitarios para vivir con cierta
seguridad jurídica dentro de su marco competencial. Temor a que puedan tener
problemas legales por hacer su trabajo. Algunos entienden que ante la duda es mejor no asumir responsabilidades y no tomar decisiones que puedan comprometerte. Si esto se acompaña de
precariedad e inestabilidad laboral,
pero también intoxicación en lo que soy o no soy competente, el caldo de la
desmotivación, insatisfacción y despreocupación está preparado para nuevos ingredientes.
Las
transferencias sanitarias depositaron en manos de las distintas
comunidades autónomas la
gestión sanitaria pública. Legislar en materia sanitaria con la excusa del bien común esconde una fiebre hiper-reguladora, en ocasiones compulsiva, incluso desde espacios políticos llamados liberales. El aluvión de normas desborda la capacidad de análisis del más avezado. Tratar de unificar un criterio parece misión imposible, porque eso tienen que hacerlo los políticos y ahora no están para estos temas.
"Que nadie se moleste por comparar la sanidad con una gran máquina, pero así la veo, una gran máquina de propaganda política (y económica), carísima de mantener"
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Esta situación no es nueva, viene de lejos.
Los políticos vienen y van. Los profesionales quedan. Pero tengo la sensación que quedan como elementos sólidos y robustos de una máquina grande, mal conducida, posiblemente engrasada en alguno de sus engranajes, pero no en todos y con un enorme coste de combustible.
Que nadie se moleste por comparar la sanidad con una gran máquina, pero así la veo, una gran máquina de
propaganda política (y económica), carísima de mantener y capaz de llevar incluso a regular nuestras vidas y visiones de la realidad. En ocasiones tentada de someternos a lo que consideran su
corrección política que no es más que otra forma de transgresión de la libertad.
Cuando lo políticamente correcto no tiene solución a los problemas que tiene que resolver, recurre a la
Justicia. Judicializamos el sistema sanitario y sobre todo las competencias de los profesionales. Y volvemos a la casilla de salida. ¿Qué norma se aplica?. ¿La de aquí o la de allí?, ¿la de ahora o la de antes?, ¿la que regula el
sector público?, pues se la aplicamos al
sector privado. Llama la atención lo poco que se apela a los derechos individuales, o a la intimidad personal, tanto de los
ciudadanos como de los profesionales.
El derecho de autonomía de una
profesión colegiada, se apoya en un espacio normativo propio e independiente y una forma de actuación separada del ámbito asistencial donde realice su profesión. No puede entenderse de otra manera, que con
carteras de servicios diferentes, estructuras distintas y organizaciones empresariales incomparables, el legislador o legisladora pretendan ahormar las competencias de las profesiones sanitarias, más allá de la legislación vigente y las
directivas comunitarias que quedan aún pendiente de adaptar a la normativa nacional.
Ya es hora de que los sanitarios entiendan su ejercicio profesional tanto dentro como fuera de una institución, centro, consulta o
actividad sanitaria principal. Reivindicar con orgullo el
ejercicio libre de la profesión también es positivo para la sociedad, porque no todas las actuaciones sanitarias tienes que estar sometidas al imperio del sistema sanitario público ni a sus criterios de normalización.
Por último, y enlazando con el principio, la Justicia no puede ni debe dirimir sobre competencias y
espacios competenciales. Son las profesiones quienes tienen que hacerlo y marcar el camino. Con dialogo y respeto, sin olvidar, como ha venido ocurriendo, que la posición de dominio en términos sanitarios de ciertos poderes, ha impedido la Competencia y el Desarrollo de alguna profesión sanitaria.