De mi artículo omnibus

En ocasiones pasan tantas cosas que hace difícil seleccionar un solo tema, por ello recogeré un término que se ha adquirido relevancia en la actualidad: ómnibus, así podré introducir varios temas, algunos conectados y otros emparentados.

En el terreno sanitario han surgido dos temas relevantes que inciden para que se pueda volver a hablar de la sanidad, una vez más, aunque estos temas tienen un perfil propio de importancia clave para la organización y funcionamiento del sistema nacional de salud (SNS).

Muface

1. Simplemente se expondrán puntos clave para la comprensión de la situación, habida cuenta de las opiniones alarmistas, cuando no tremendistas, sobre este tema.

2.Muface es un vestigio de los aseguramientos franquistas, va dirigido al funcionariado civil del Estado (para la justicia es Mujeju y para las fuerzas armadas es Isfas). En la actualidad casi un tercio de los funcionarios pertenecen al SNS y son mayoría entre los nuevos funcionarios; de tal suerte que permanecen en las aseguradoras los mayores que son los que tienen más patología y más gasto sanitario, por esta razón ya no interesa a las aseguradoras esta población, dicen que les sale muy costoso.

3.Incluye la asistencia sanitaria, basada en la práctica privada, por lo que no existe una atención primaria como tal, al no existir un equipo asistencial multiprofesional.

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Muface sigue dirigiéndose al funcionariado civil del Estado, separando a una parte de la población del sistema sanitario público

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4.Su existencia constituye más un privilegio que un derecho, al segregar una parte de la población del conjunto de la ciudadanía en las prestaciones sanitarias.

5.Tenía sentido cuando no existía una sanidad integrada y se basaba en la seguridad social, la Ley General de Sanidad (LGS) asume la salud como un derecho de la ciudadanía en su conjunto y la financiación ya no es por el mecanismo de seguridad social, sino que deviene de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

6.La LGS tenía previsto el final de las prestaciones sanitarias de las mutualidades de la seguridad social y que se integraran en el seno del SNS, pero los sucesivos gobiernos fueron dilatando y demorando la toma de decisión.
La presión sobre el SNS de la inclusión de estos tramos de población supondría un impacto pequeño y repartido por todas las comunidades autónomas, aunque bien es cierto que de forma desigual y escasamente homogénea.

7.La financiación de estas mutualidades asistenciales sanitarias son un lastre económico para el SNS. Bastaría con trasferir al SNS lo que se desvía a las mutualidades, así se actualizarían los recursos necesarios a esta inclusión. Este año se ha ofrecido más de 1.000 millones de euros de incremento de la financiación a las mutualidades, pero las sociedades mutuales prestadoras de la asistencia realizan un chantaje al estado para solicitar más financiación, amenazando su retirada del concurso que, al parecer, han consumado la retirada dos de las tres. Mientras tanto el SNS incrementa su crisis financiera.

8.Las mutualidades parasitan al SNS en múltiples temas cuando le interesa, pe, en la prestación de urgencias, en la atención de patologías graves y crónicas, en los trasplantes, en la oncología y en la salud mental, sobre todo en la de infancia y adolescencia, también en las actividades preventivas, como la vacunación.

9. La integración en el SNS es perentoria y muy necesaria, pero se debe establecer una metodología por la que se lleve a cabo de una forma gradual en el proceso, para evitar disfunciones asistenciales repentinas que sometieran a un estrés mayor al SNS de la situación anómala que pretenden arreglar.

10. Toda la población, en su conjunto, es subsidiaria de tener acceso a los mismos servicios con equidad, eliminando grupos o sectores de privilegio, que resultan onerosos para toda la población. Es obvio que habrá resistencias por parte del funcionariado, pero es preciso contener esas presiones y reaccionar con firmeza y decisión.

Estatuto marco


Es evidente que el Estatuto marco de los profesionales sanitarios, debe ser revisado. El actual data de 2003 y fue una tímida modificación del estatuto franquista, formulado por Girón de Velasco, que existía desde 1948. Se precisa actualizar a las situaciones reales de los momentos actuales en todos sus contenidos. Hay dos temas que necesitan una atención más precisa: la cobertura de las urgencias y el tipo de dedicación de los profesionales al SNS.

La atención de las urgencias se basa en dos pilares claves: la conciliación familiar y los rendimientos en calidad de la prestación.

Sabemos que la mayoría de los profesionales sanitarios, incluso de médicos, son mujeres. Sobre la mujer se suma la carga asistencial con la sobrecarga de la atención familiar. Es necesario organizar el trabajo de forma conveniente para que suponga el hecho de compartir la dinámica familiar, esta conciliación es una necesidad prioritaria.

En el año 1978 ya se acordó una organización de las urgencias: los días no festivos había dos turnos de guardia 15-21 h y 21-08am; los festivos se establecían dos turnos: 08am-21h y 21-08am; el que cubría la noche, al día siguiente estaba autorizado a no prestar asistencia habitual. Pero… ¿qué ocurrió en la realidad? que apenas se cumplió. Las razones son variadas, unas veces dependieron de los profesionales por sus intereses personales, otras de la administración que hizo dejación de su misión de control y que se cumpliera la norma.

Se sabe que el trabajo continuado disminuye, de forma progresiva, la calidad y precisión de la asistencia sanitaria. Quiere ello decir que trabajar 18-24h seguidas no representa una idea adecuada. En un trabajo reciente de Luke Craddock (BMJ, 2025, 388: R95) se señala que la presión del departamento de urgencias sobre los profesionales hace que en 6 semanas los profesionales se encuentren agotados física y mentalmente. Esta afectación de los profesionales dificulta la labor de amortiguación de la “buena voluntad”, llevando a los profesionales al abandono del sistema hacia la asistencia privada o el extranjero.

Con todo ello se precisa que la organización de los servicios de urgencias se articulen de forma diferente, habrá que fortalecer la atención en la atención primaria, ya que los que asisten a urgencia son sujetos frágiles y, por lo tanto, precisan seguridad y confianza que es aportada desde los servicios organizados en la comunidad, de lo contrario distorsionan el funcionamiento de todo el sistema.

El segundo punto de fricción del Estatuto marco se refiere a la exigencia a los Jefes de Servicio de tener una dedicación exclusiva al SNS. No es nueva esta pretensión, ya Ernest Lluch lo intentó en su época de ministro. El razonamiento para argumentar esta condición es razonable, incluso basado en las creencias religiosas más profundas: “No se puede servir a un tiempo a Dios y al diablo”. Quiere ello decir que el trabajo en el SNS con responsabilidades clínico-asistenciales de alto nivel, no podrían simultanearse con la práctica en servicios de la asistencia y gestión privada. No puede ser porque los intereses y fundamentos son contrapuestos.

En épocas pasadas existía una exigencia de dedicación exclusiva para aquellos profesionales que tuvieran una plaza asistencial y la compatibilizaran con una plaza universitaria vinculada. Parece razonable que así disponían de asistencia, docencia e investigación. Para ello deben colaborar las dos instituciones, el SNS y la Universidad, pero no siempre es así, a pesar de la existencia de las Comisiones de enlace, si es que siguen funcionando.
Un requisito fundamental para establecer este requisito consiste en asignar una retribución adecuada para que sea totalmente disuasoria y estimule el sentido de pertenencia al servicio público.

No se debe olvidar que acceder a una plaza de Jefe de servicio y/o a una plaza vinculada con la Universidad es una alternativa en la que predomina la decisión personal, nadie está obligado a acceder a ninguna de ellas, lo que implica que algún requisito debe ser exigido como compensación. De hecho, si se prima la compatibilidad público-privada, lo puede hacer desde otros niveles de responsabilidad, pero no en las jefaturas, en definitiva, a algo se debe renunciar. Por cierto, siempre y cuando la asignación salarial fuera lo suficientemente lógica como para establecer esa exigencia de forma disuasoria.

Los argumentos que se formulan como la colaboración público-privada, o que la asistencia privada forma parte del SNS, son argumentos interesados de parte, en modo alguno poseen la consistencia suficiente como para considerar la pertinencia de tal razonamiento.

Es importante asegurar la aceptación de estos campos tipo ómnibus que se presentan en el momento actual, al fin y a la postre lo que se pretende es defender el SNS, apuntalando su resistencia a los ataques que surgen del uno al otro confín.