Acuerdo sanitario PP-C's en Andalucía: los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría

Partido Popular de Andalucía y Ciudadanos han firmado los pasados días un plan de Gobierno que arroja pocas dudas sobre la intencionalidad de ambos partidos. Si los debates electorales de la campaña electoral mostraron que ninguno de ellos proponía una auténtica alternativa de gobierno, y que su única intención, legítima pero insuficiente, era sustituir el gobierno del partido socialista; hoy el acuerdo programático que conocemos lo ha confirmado.

En materia sanitaria, el acuerdo cuenta con seis únicas medidas; más bien enunciados de medidas genéricas, lugares comunes en el discurso de ambos partidos, que no representan en realidad una alternativa a la gestión sanitaria realizada por el partido socialista, mejorable como cualquier otra, pero elogiable cuando se comparan los resultados de la sanidad andaluza con el contexto nacional e incluso europeo, o en referencia a 1984, cuando la Junta de Andalucía se hizo cargo de la gestión de la sanidad. Seis medidas que no atacan los problemas de fondo de la sanidad andaluza, comunes con el resto de comunidades autónomas, incoherentes entre sí, y con la realidad de la gestión de gobierno popular allí donde gobierna. Medidas que, sin embargo, sí generan inquietud sobre los auténticos objetivos e intereses de este pacto.

Se propone incrementar la financiación de Atención Primaria hasta el 20 por ciento de la financiación sanitaria al final de legislatura. Una medida elogiable en sí misma, si no fuera porque no dice de qué financiación sanitaria hablamos. Si ambos partidos firman en su pacto reducir el impuesto de sucesiones, el de transmisiones patrimoniales y el tramo autonómico de IRPF, y ambos votan la misma semana en el Congreso de los Diputados en contra de una nueva senda de estabilidad que para Andalucía significan 350 millones de euros más (equivalente a la contratación de 7.000 profesionales sanitarios en palabras del Consejero actual de Hacienda), el resultado no puede ser sino menos financiación real para atención primaria.

---

Son seis medidas que no atacan los problemas de fondo de la sanidad andaluza

---

Si a ello sumamos el acuerdo de suspender los concursos de precios para los medicamentos sujetos a receta (las denominadas subastas), política que ha conseguido ahorrar 600 millones de euros desde su implantación en 2012, el resultado no puede ser sino menos recursos a repartir en atención primaria y especializada. Una selección de precios que, recordemos, garantiza el acceso de los pacientes andaluces a todos los principios activos incluidos en la financiación pública, y que ha sido considerada plenamente legal tanto por los tribunales españoles como por la comisión europea.

Se anuncia un “Plan de choque para la Mejora de la Calidad de la Sanidad Pública de Andalucía y la reducción efectiva de las listas de espera”, cuya única concreción es publicar los resultados e indicadores de actividad de los centros. Difícil generalizar más y decir menos. Andalucía cuenta con unas listas de espera por debajo de la media nacional en todos los registros, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Sistema Nacional de Información de Listas de Espera a 30 de Junio de 2018. Los pacientes andaluces esperan veinte días menos de media para una intervención quirúrgica que el resto de españoles, el porcentaje de pacientes que tiene que esperar más de seis meses es la mitad que en el resto de autonomías. También en la espera para consulta de un especialista en Andalucía hay menos pacientes en espera, menos días de espera media, y lo que aún puede ser más importante, los pacientes que tienen que esperar más de sesenta días para ver a un especialista son la tercera parte que en España. Con esos datos, hablar de un plan de choque podría entenderse más como un interés de derivar recursos hacia la sanidad privada en lugar de reforzar las auténticas transformaciones que la sanidad andaluza, como el resto de las comunidades españolas precisan: abordar la cronicidad, la cooperación socio-sanitaria, la innovación asistencial, aprovechar la revolución digital y el desarrollo profesional. De todo ello, nada se dice en el acuerdo programático. Como tampoco de la Salud Pública ni la Salud Mental, eternas olvidadas de la derecha española.

Quienes han redactado y firmado este acuerdo demuestran por otra parte poco conocimiento del sistema andaluz de salud, quizás porque ha sido escrito más atendiendo a los intereses nacionales de ambos partidos que a los intereses de los andaluces. La primera medida del acuerdo, “mejorar la transparencia de todos los resultados e indicadores de actividad”, es ignorar que la sanidad andaluza cuenta con uno de los sistemas de evaluación y rendición de cuentas de indicadores de salud más avanzados de España, accesibles para cualquier ciudadano en el portal calidadsaludandalucia.es. Un sistema formado por decenas de indicadores agrupados en torno a nueve dimensiones de calidad, seguridad y efectividad, acceso, equidad y experiencia del paciente, perfectamente referenciados respecto de modelos de evaluación y comparación internacionales.

Tampoco se entiende la inclusión en el acuerdo del pago del complemento de exclusividad a los facultativos que realizan actividades privadas, cuando la apuesta debería ser justamente la contraria: mejorar la incentivación de aquellos facultativos, sin duda la mayoría, que dedican su labor dentro y fuera del horario laboral a la sanidad pública. Son estos facultativos los puntales de lo que hoy es la sanidad andaluza, una sanidad a la cabeza en la creación de nuevos derechos para los ciudadanos, en la innovación y en la mejora de la calidad de los servicios, como lo demuestran tantos ejemplos como haber sido pioneros en dotar de derecho a una segunda opinión, garantías de tiempos máximos de espera por proceso asistencial, la receta electrónica y los servicios de teleasistencia (salud responde), la alta capacidad e impacto investigador de los centros sanitarios andaluces, y tantos otros.

Un pacto en definitiva que no va más allá de un pequeño número de prejuicios inconexos, en el que se adivinan mejor los intereses de unos pocos que los de la mayoría.