Temor ante una segunda ola de Covid-19

Hemos salido del confinamiento, con un final de desescalada casi agónico, y llegamos al actual periodo de control de brotes, individual y epidemiológico, en el que ha surgido ya el temor al descontrol y a una segunda oleada, aún más dura, similar a la histórica e inesperada en otoño de la gran gripe de 1918. Los datos, es verdad, no son todavía alarmantes pero sí preocupantes. Con carácter global vuelven a situarnos entre los países con mayor incidencia acumulada en Europa, en que algunas CCAA como Aragón o Cataluña e incluso Madrid y su área de influencia se encuentran al borde de la transmisión comunitaria y con medidas de contención agravadas o de semiconfinamiento.

Seguimos inmersos en la polarización y en la incapacidad parlamentaria para diferenciar las medidas urgentes de las prioritarias dentro del llamado plan de reconstrucción, y sobre todo, como ya ocurrió también tras la mal llamada gripe española, vivimos en medio de la impotencia para liderar las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarlas.

Entonces, a pesar de las denuncias e iniciativas de profesionales de la Medicina en relación a las condiciones de vida y la precaria situación sanitaria, salvo la creación del Ministerio de Sanidad, la práctica totalidad de los proyectos de ley de profilaxis pública de enfermedades infecciosas y salubridad, así como los cambios en materia social y de sanidad quedaron pendientes, entre otras, por diferencias gremiales. Una oportunidad perdida que no se debería volver a repetir ahora, esta vez como consecuencia de la división política, territorial e institucional.

En este sentido, hoy las medidas más urgentes son sin lugar a dudas el fortalecimiento de la Salud Pública y de la Atención Primaria en el ámbito sanitario, con el objetivo de garantizar la vigilancia epidemiológica, la identificación de casos y el seguimiento y aislamiento de sus contactos, para evitar con ellas el descontrol de los brotes primero y luego el tan temido colapso hospitalario.

Por eso, continuar con el reparto de culpas entre administraciones y con la confrontación política no solo es un error, se trata de una grave irresponsabilidad que nos impedirá encontrar las soluciones adecuadas, en especial en un periodo de incertidumbre que parece abocarnos a una recuperación lenta, a trompicones con paradas y arranques, en una difícil alternancia de tiempos de frágil recuperación económica y de duras medidas de contención. La llamada eufemísticamente nueva ( y dura) realidad.

Los factores que influyen en la situación actual, como ya ocurriera en pandemias anteriores y al inicio de esta misma pandemia del Covid-19, son complejos, y algunos de ellos y en especial sus determinantes económicos, sociales, sanitarios y de movilidad, no se explican solo por la asimétrica gestión de las etapas de desescalada por parte de los respectivos gobiernos autonómicos o por la mayor o menor agilidad o intensidad en la necesaria coordinación de la Administración Central.

Lo que no podemos es obviar los determinantes de esta pandemia como es el modelo productivo y de consumo con la urbanización salvaje, la explotación de los recursos naturales, y los modelos intensivos de alimentación, vivienda y movilidad. Sin abordar de forma decidida su modificación, las nuevas pandemias que se nos anuncian, estarán más que servidas.

El segundo foco de atención se centra hoy sobre los jóvenes, en sus actividades de ocio, y por otra parte en las reuniones familiares. Quizá con un exceso de individualización de la responsabilidad y de la culpa, situándoles entre la disuasión y la sanción. Aunque las medidas coercitivas son inevitables, no debe caber duda, sin embargo, de la prioridad y de la mayor efectividad a medio plazo de la información y la educación, y no solo sanitaria, así como de la persuasión y sobre todo del refuerzo del valor de la solidaridad.

Han quedado, sin embargo, en un segundo plano, las condiciones sociales y laborales como condicionantes de los rebrotes. Las condiciones indignas de los trabajadores de los temporeros, de su precaria movilidad, de su pobreza, exclusión y hacinamiento. También, salvando las distancias, la situación laboral precaria de sectores como los mataderos y del sector de la hostelería. Todo ello pone de manifiesto también una vez más a nuestro nefasto modelo de precariedad, temporalidad y empleo pobre e inseguro y por ende a nuestro modelo productivo, pero también la desvinculación de la salud laboral con respecto a la salud pública y la atención sanitaria, cosa que hace tiempo es urgente corregir.

En esta fase ya no cabe duda de las competencias de las CCAA con relación al refuerzo de la Atención Primaria, el testeo y el control epidemiológico. Una competencia que no todas han desarrollado a cabalidad y de lo que tendrán que continuar dando cuenta a sus respectivos parlamentos y opinión pública. Porque toda atribución conlleva la correspondiente responsabilidad.

El gobierno central se ha quedado, desde la derogación del Estado de Alarma, con la competencia exclusiva de sanidad exterior y con la coordinación en Salud Pública, plasmadas tanto en el decreto de nueva normalidad y en el fondo adicional sanitario, como con el plan de respuesta temprana en el escenario de control. El dilema se sitúa entonces, nada más y nada menos, que entre una coordinación activa, cogobernanza de la Salud Pública, colaboración interna e internacional y evaluación de resultados o por contra el mero respaldo político y financiero a la Salud Pública débil y fraccionada de la mayoría de las CCAA. Por eso, recurrir ahora al latiguillo del mando único exigiendo nuevas leyes de salud pública, cuando está pendiente la aplicación de la ya aprobada hace casi una década, expresa sólamente una alarmante falta de ideas.

Por otro lado, las aplicaciones telemáticas, ofrecidas en la reciente Conferencia con las CCAA por el presidente del gobierno, y que empezarán a funcionar a partir de las próximas semanas como complemento a los compromisos del testeo y seguimiento de contactos de las CCAA, siguen suscitando dudas más que razonables, sin que se haya abierto una mínima reflexión. De hecho, la adhesión en los países donde se vienen aplicando es baja, cuando sería necesaria una participación mucho mayor, para garantizar su eficacia.

El dilema de mera descentralización versus modelo autonómico, federal o confederal, se ha puesto de nuevo de manifiesto en la conferencia de presidentes de San Millán de la Cogolla. No sólo por la incertidumbre y las tensiones sobre las posibles ausencias, o por las resistencias a poner en común recursos humanos, medios y resultados en la cogobernanza de la fase de control de la pandemia, sino también por el recurso a  ocurrencias sobre la reconstrucción económica como la exigencia de un prorrateo del fondo europeo de recuperación, las dudas sobre la legitimidad del gobierno y su presidente para liderar su gestión, o con propuestas como un comisionado y un grupo de expertos independientes como alternativa al liderazgo y la responsabilidad democráticas. Una suerte de tecnocracia como alternativa a la democracia.

Con ello se elude la naturaleza no solo compensatoria sino dinamizadora y modernizadora del trascendental fondo europeo, sino algo tan básico como la legitimidad democrática del gobierno para liderarlo y del ámbito parlamentario para su control, y con ello se siembran dudas sobre la lealtad de los gobiernos autonómicos ante la propuesta de participación en la cogobernanza de los proyectos de reconstrucción comprometida por el gobierno.

A todo esto, sigue pendiente la vuelta a la normalidad en una sanidad pública en situación de estrés, con el sistema de la doble itimerario en los centros sanitarios, la limitación y el agotamiento de las plantillas y las listas de espera, ahora multiplicadas. Como también la respuesta aplazada a la otra pandemia: la de las enfermedades crónicas y degenerativas, muchas a la espera y en deterioro. Y de nuevo el riesgo agravado de las residencias de ancianos.