Nos dijeron al principio de la
pandemia que el SARS-CoV-2 se cebaba especialmente con las personas mayores con patologías previas. Era un aviso que se nos iba inoculando a diario a modo de anestesia, y que colaboró en buena parte a asumir que sus muertes tendrían que ser inevitables.
Tal vez por eso, cuando el virus llegó a España y el número de contagios empezó a desbocarse, y cuando el 5 de marzo murió la primera persona que vivía en una residencia de ancianos, los responsables de gestionar esta crisis no se giraron hacia ellos en primer lugar para blindar su salud.
El
desconocimiento de un virus silente que ya se había extendido como la pólvora por la Comunidad de Madrid entre las personas asintomáticas fue un factor letal para los miles de mayores que vivían en residencias, y la tardanza en actuar por parte de los responsables de las
Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad fue lo que hizo que, cuando se quiso parar el avance del virus en forma de contagios y muerte, fuese ya demasiado tarde.
Se tardó en proporcionar todos los recursos que eran necesarios en las residencias de mayores y de personas con discapacidad.
No llegó a tiempo la asistencia sanitaria que necesitaban y no llegó a todos. No se dio abasto para trasladarlos porque SUMMA estaba saturado y SAMUR, que pidió entrar a diagnosticar, aislar, tratar y trasladar, no pudo empezar a trabajar hasta el día 4 de abril, un mes después de la primera muerte en una residencia.
Cuando ya había 19 hoteles medicalizados para alojar a los enfermos, los mayores no pudieron ser trasladados a hoteles destinados para ellos hasta el 8 de abril y además
se les puso condiciones para hacer uso de ellos: debían valerse por sí mismos.
A todo esto, se sumó la
descoordinación entre dos Consejerías que eran vitales para gestionar la epidemia en el seno de las residencias, la de Sanidad y la de Políticas Sociales, cuyas diferencias han aflorado ahora en forma de enfrentamiento entre ambos consejeros.
Ambos departamentos
tenían la responsabilidad de haber actuado mucho antes, y no lo hicieron.
"¿Se discriminó a los mayores y a las personas con discapacidad? El grupo parlamentario VOX en Madrid ha pedido que se diriman las responsabilidades en una comisión de investigación que sea convocada para este mismo mes de julio, algo a lo que el resto de los grupos se han negado"
|
Si además se tiene en cuenta que
cuando el Gobierno central se hizo cargo de la gestión de residencias, las actuaciones llevadas a cabo por el mismo fueron casi inexistentes, se dan todas las condiciones para que
ninguno asuma ahora su cuota de responsabilidad.
¿Se discriminó a los mayores y a las personas con discapacidad?
El grupo parlamentario VOX en Madrid ha pedido que se diriman las responsabilidades en una comisión de investigación que sea convocada para este mismo mes de julio, algo a lo que el resto de los grupos se han negado.
¿Se negó el ingreso en las UCI a personas que lo necesitaban? Honestamente creo que sí. Se han vivido unas
circunstancias únicas, dramáticas en los hospitales madrileños, con una carencia de medios y de recursos que ha llevado a los médicos a tener que ser como dioses y tener que elegir quién podía tener acceso a los recursos, y quién no. Los gobiernos no han tenido la culpa de que la epidemia haya llegado a nuestras vidas como un tsunami que nos ha sorprendido en primera línea de playa, pero sí
son los responsables de no haber dotado en tiempo y cantidad necesaria a los profesionales sanitarios y al sistema para que no hubiera hecho falta llegar a tener que elegir quién podía vivir y quién no.
Se ha hablado mucho durante este tiempo de la medicalización de las residencias, sin que nadie haya aclarado qué significa exactamente ese término, pero si en algo hemos estado todos de acuerdo es en que
es necesaria una mejor asistencia sanitaria a las residencias antes, durante y después de los momentos más duros de la epidemia. Y es ahora cuando se habla de cambiar el modelo de residencias y surge la pregunta del millón: ¿Se cambia el modelo residencial para medicalizar todas las residencias de manera permanente, con el consiguiente riesgo de que lo que ahora son hogares en un futuro se conviertan en hospitales?
Abordar este cambio es algo que
debe hacerse despojado de todo interés político o condicionamiento ideológico que demonice al sector privado que tanto ha dado durante esta crisis por nuestros mayores. Es necesario romper muchas barreras que nos impiden abordar conjuntamente el cuidado de nuestros mayores que, afortunadamente son cada vez más en nuestro país.
En las residencias se trata la cronicidad, pero
es necesario un mecanismo ágil y eficaz que permita dar una respuesta rápida y segura a las agudizaciones o descompensaciones de sus habitantes. Hay que reforzar la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios para asegurar que las necesidades de las personas que viven en residencias estén cubiertas de manera permanente, y para que en el caso de que se diera una situación como la actual no se queden desprotegidos precisamente los que son más vulnerables ante la enfermedad.
Es necesario dar más autonomía y competencias a los médicos que atienden las residencias para que puedan prescribir y tratar, procurando incorporarlos en el sistema sanitario público, y que no sean considerados médicos de segunda categoría, ellos que son los que mejor conocen a sus enfermos.
Hay que trabajar para homologar las titulaciones e impulsar la figura del gerocultor por medio de la carrera profesional.
Finalmente,
es necesario impulsar la ley de dependencia que permita que muchos mayores puedan vivir en sus casas y con sus familias, que en demasiadas ocasiones se ven imposibilitados para darles los cuidados que necesitan.
En definitiva, hay que encontrar una fórmula que permita que nuestros mayores sigan viviendo en lo que son sus hogares, sin perder esa necesaria relación social que les permite afrontar el día a día con una mayor vitalidad, y sin miedo a que en cualquier momento una crisis sanitaria se vuelva a cebar con ellos sin que nada ni nadie pueda evitarlo.
Si después de esta crisis somos capaces de reconocer el
valor de la vida de las personas más vulnerables, de los mayores y de las personas con discapacidad, si somos capaces de ponerlos en el primer lugar, y decidimos crear hogares seguros para ellos, al menos habremos aprendido algo, y el dolor y la muerte de tantos miles de ellos no será en vano.