Esta semana se expuso el Plan España 2050 donde se plantean algunos avances discretos en política sanitaria. Contradiciendo el documento enviado a Bruselas donde se hablaba de una inversión del 6,2% del PIB en Sanidad, en las nuevas previsiones el Gobierno sube esta cifra hasta un 7% del PIB, muy a largo plazo.

Resulta llamativo que nuestros dirigentes consideren una noticia digna de aplauso plantear que para el 2050 tengamos una inversión del 7% del PIB en Sanidad, cuando en nuestros países vecinos ya se hacen inversiones de PIB en sanidad muy superiores a esa cifra. Alemania invierte un 9,7%; Francia un 9,4%; Reino Unido, pese a no pertenecer ya a la Unión Europea, un 7,8%… España por su parte se puede comparar con Italia, Eslovenia o República Checa. No estamos a la altura de las circunstancias y esto, entre otros factores, ha provocado la debacle pandémica que hemos sufrido.

A esto sumamos que las previsiones de futuro que se han abierto como una cola de pavo real intentando cegar con colores a los oyentes, dejan una vez más de lado los derechos laborales del personal sanitario. Sus estandartes, sin embargo, recalcan de forma preocupante la “rentabilidad” que debe de proveer nuestra sanidad pública. Siendo conscientes de que precisamos de una auditoría urgente que ponga en orden una casa abandonada durante demasiado tiempo, preocupa que bajo el disfraz de solvencia se esconda el lobo de recortar en cartera de servicios, o de empeorar todavía más las condiciones laborales de los trabajadores.


"Hace décadas que esta sanidad pública se mantiene a costa de profesionales explotados, haciendo el trabajo que deberían hacer tres personas por un salario que lleva congelado una década"



Hace décadas que esta sanidad pública se mantiene a costa de profesionales explotados, haciendo el trabajo que deberían hacer tres personas por un salario que lleva congelado una década y una pérdida de poder adquisitivo de un 20% aproximadamente. Si a esto sumamos el déficit de calidad de vida que comportan turnos de 24h, libranzas deficientes, una pelea continua por soportar la presión asistencial cada vez más pesada y los oídos sordos que hace la Administración a peticiones que son de mera legalidad, como eliminar la temporalidad abusiva de nuestra sanidad pública, la situación roza el maltrato institucional cuando nos comparamos con otro tipo de trabajadores del estado.

La desilusión de los sanitarios


No es de recibo que el primer gesto que tienen los gobiernos autonómicos casi en su totalidad tras un año donde los trabajadores de la sanidad pública han dado el 200% y se han dejado la salud física y mental e incluso la vida, sea recortar los contratos que se habían habilitado durante esta crisis sanitaria. Máxime, cuando esos contratos no hacían más que suplir, por fin, una década de plantillas donde se había bloqueado la tasa de reposición y cada vez eran más deficientes, repercutiendo en la calidad asistencial y el estrés laboral.

No, esta sanidad pública merece más altura de miras y algún gesto real hacia sus trabajadores. Estamos cansados, y sobretodo desilusionados. La vocación es una coraza cada vez más agrietada. No podemos seguir cargando el peso de la subsistencia de una sanidad pública y universal sobre la explotación de los trabajadores en unas condiciones que en cualquier empresa privada son denunciables.

Pero no nos equivoquemos, compañeros y compañeras, la culpa, en gran parte, es nuestra. Llevamos en silencio aceptando cada nueva vuelta de tuerca y haciendo las espaldas más anchas mientras el peso nos hunde en el barro. Va siendo hora de que reivindiquemos un trato digno y humano hacia un colectivo que siempre ha dado el brazo cuando le han pedido la mano.

Nosotros hemos cumplido con creces. Va siendo hora de que hagamos que ellos respondan.