La Organización Médica Colegial (OMC), el órgano que reúne a los 52 colegios de médicos provinciales, parece que reconoce su incapacidad para decir a las corporaciones a las que cobija lo que deben o no hacer. Lo ha dejado claro con su proceder en el caso que afecta a la presidenta, la vicepresidenta y el secretario del Colegio de Madrid. El enfrentamiento público entre la primera y los otros dos directivos se iba a saldar hace unos meses con la petición de inhabilitación profesional por menos de un año. Eso era lo que pedía la primera instructora, Rosa Pérez. Sin duda esta postura era un torpedo a la línea de flotación de la soberanía de los colegios provinciales y un refuerzo al papel de liderazgo de la OMC. Pero se ve que la realidad, con los estatutos en la mano, es otra, y a la OMC le toca arrugarse para no quedar en evidencia, porque en Madrid la vicepresidenta Ana Sánchez Atrio y la junta que la respalda iban a plantar cara. Por eso el segundo instructor, José Ramón Huerta, mejor conocedor de la ‘casa’ de los médicos españoles, ha rebajado el tono sancionando solo a la presidenta Sonia López Arribas con una falta “menos grave”, algo que ha refrendado la Asamblea General. La recomendación de elecciones para el Colegio de Madrid sigue en la mesa, pero la autoridad de la OMC sobre sus colegios y lo que pasa en ellos ha dado un paso atrás muy significativo.
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