El clamor de la farmacia catalana

No cabe duda de que la crisis está provocando situaciones impensables no hace mucho y que ahora ocurren con una frecuencia y una naturalidad que estremecen. En la sanidad, una de las circunstancias más sorprendentes que se están dando, y que da una idea muy aproximada de la gravedad del momento, son las manifestaciones de los farmacéuticos, un colectivo profesional tradicionalmente bien posicionado económicamente que, sin embargo, está viviendo una experiencia de retrasos en los pagos –cuando no de impagos puros y duros- que está convirtiendo su papel en Sistema Nacional de Salud en un drama de consecuencias imprevisibles.

La protesta de la pasada semana en Cataluña, donde los farmacéuticos están afrontando impagos de más de tres mensualidades, no ha hecho sino sumarse al clamor boticario de los últimos meses, que se ha venido escuchando en otras autonomías como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares y que recorre el resto en forma de rumor cada vez más perceptible de lo que puede terminar pasando si la situación económica no mejora.

Esta vez, los farmacéuticos catalanes han sintetizado el problema en apenas un folio de contundente y categórico manifiesto. Imposible no suscribirlo ni reproducir sus principales proclamas: “No podemos seguir asumiendo el coste de los fármacos que dispensamos cada a día a los ciudadanos. Nos deben 270 millones de euros. La Administración debe asumir su responsabilidad”.

 ¿Quién se atreve a negar estos argumentos?

Seguramente nadie, ni siquiera la propia Administración que los encaja en primera persona. En este caso, el Servicio Catalán de la Salud-CatSalut y, en última instancia, su primer responsable político, el conseller Boi Ruiz. Comprensivo con el clamor de los farmacéuticos, su respuesta hasta el momento no ha estado a la altura de las circunstancias. Y es que no es de recibo transformar una petición dirigida a tus competencias administrativas en una nueva reclamación dirigida hacia otra instancia, en este caso el Gobierno central. Al conseller le faltó sumarse a la manifestación, aunque hubiera tenido que hacer algo más que protestar: cambiar muchas de las proclamas de los profesionales, dirigidas inequívocamente contra la Generalitat.

Convertir el problema perentorio del impago en un asunto poco menos que de Estado, y aprovecharlo para diluirlo en la proclama política puramente nacionalista, no calmará los ánimos de los farmacéuticos. Es tiempo de asumir la responsabilidad institucional por parte de un Gobierno autonómico que lleva gestionando la sanidad más tiempo que ningún otro y que debe tener todavía margen de maniobra para al menos plantear alguna salida al conflicto. No puede valer el encogimiento de hombros ni mostrar el vacío de los bolsillos como prueba irrefutable de que no hay dinero. Los políticos, nuestros administradores, deben ser capaces de proponer soluciones y llevarlas a cabo, cueste lo que cueste. Esa es su responsabilidad y para eso se les ha elegido.

Y en esta tesitura está el conseller Boi Ruiz. Aún está a tiempo de abandonar el victimismo y, siguiendo el ejemplo de otras autonomías en los que un problema similar se ha logrado encarrilar de alguna manera, plantear una posibilidad, al menos una, de que los farmacéuticos catalanes reciban las mensualidades impagadas y puedan lograr cierta regularidad en los próximos pagos.