La obligación de trasponer las directivas europeas a las leyes españolas en materia de eficiencia energética –parte del renombrado Proyecto 2020– cala sin prisa, pero sin pausa, en las administraciones públicas.
Los ejemplos de más actualidad y recorrido (todavía breve en todo caso) se corresponden con algunos gobiernos autonómicos como el madrileño o el murciano, dos comunidades autónomas en las cuales, dicho sea de paso, acaban de formalizarse pactos entre el Partido Popular y la nueva formación Ciudadanos.
En el caso de la primera, en realidad el último curso político se ha llevado el protagonismo en esta materia con la firma de varios acuerdos históricos para la gestión energética integral, entre ellos los de los hospitales Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y La Paz de Madrid. En cuanto a la segunda, cierra periodo de gobierno con la totalidad de su plan energético cumplido, algo de lo que no todos los ejecutivos presumen todavía.
Todos ellos obedecen a los primeros pasos para adaptarse a las directrices comunitarias y al mercado del futuro próximo, sin duda mucho más exigente que el conocido hasta la fecha en el respeto del medio ambiente.
De hecho, aquí reside la clave que marcará la diferencia entre las empresas y las administraciones competitivas y solventes, en el contexto internacional, y aquéllas otras que perecerán o se enquistarán en un bucle autodestructivo.
Por oportunista que parezca mencionarlo, la recién publicada encíclica del Papa Francisco apunta en esta misma dirección. Lejos de condenar –como algunos han interpretado– la filosofía del libre mercado, ensalza la capacidad del ser humano para convivir con el resto de formas de vida y el planeta habitado; en definitiva, de conciliarse con el entorno del que forma parte indisoluble.
Los ingenieros de la salud atesoran la posibilidad de aportar, con su conocimiento y experiencia, tanto el diseño intelectual como la ejecución de toda clase de normativas, planes directores de hospitales e instalaciones sostenibles y ecológicas en el ámbito de la sanidad. Por eso se les comienza a llamar desde los gobiernos regionales para atender situaciones de crisis (recuérdese la alerta del virus del ébola tras el verano del año pasado, que reclutó a técnicos y especialistas relacionados, de forma directa o indirecta, con la Ingeniería sanitaria) o dilucidar qué infraestructuras necesita un hospital y cómo lograr su óptimo rendimiento sin merma del entorno.
Queda esperar que la confianza del gobernante en estos profesionales no se reduzca a la coyuntura de una larga crisis económica, sino a un compromiso profundo en las décadas venideras.