Cambio político para los directivos

El cambio de juego en el tablero electoral español afecta de lleno a los directivos de la salud. Muchos de ellos, en especial en algunas comunidades autónomas, han sentido la incertidumbre de su futuro laboral incluso antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, pues un cambio de gobierno regional equivale a un equipo directivo acorde con el nuevo signo político.

La alteración de esta constante histórica de la sanidad española constituye el leit motiv del colectivo, representado en su parte fundamental por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), que no en vano organizan, cada dos años, el Congreso Nacional de Hospitales, principal referencia de los gestores sanitarios del país.

Ambas entidades abogan por la figura profesional del directivo sanitario, y, en concreto, del gerente de hospital, hasta la fecha reducido a un cargo de libre designación y –habría que añadir– de libre destitución. No se trata tanto de blindar por oposición el cargo de directivo de un centro sanitario público como de garantizarle un mínimo de estabilidad laboral aunque sea tan solo para dotar de coherencia sus decisiones mientras ejerce su oficio.

Porque, en efecto, se trata de una profesión y no de un cargo político a pesar de que, en la práctica, las dos facetas se den por sobreentendidas y ni uno solo de los máximos responsables de complejos hospitalarios autonómicos, por ejemplo, deje de dar por hecho que su continuidad esté ligada a la voluntad o presencia del consejero o presidente regional de turno.

Esta debilidad intrínseca a la condición del gestor de la salud explica el impacto reducido de su influencia en otras reivindicaciones como, sin ir más lejos, el desarrollo de las unidades de gestión clínica (UGC), también reclamado por los profesionales asistenciales y tomado con excesiva cautela por parte del Ministerio de Sanidad, que, no obstante, acaba de dar el paso más tangible en su consecución al publicar un borrador de decreto que las regula, algo tarde si se repara en que ya se ha normalizado su funcionamiento en algunas comunidades autónomas como Castilla y León.

En realidad, las UGC se han convertido en una pequeña estructura dentro de cambios más amplios como las áreas de gestión unificada, de prolífica implantación en diversas autonomías, y que, una vez más, obedecen a criterios políticos que al menos deberían garantizar su mantenimiento (no es de recibo que, al llegar otro gobierno o coalición a una región, se destierre la división y funcionamiento de su sanidad aduciendo razones ideológicas o vinculadas a los programas electorales, aunque solo sea por no desperdiciar el trabajo acumulado).

No cabe duda, por lo tanto, de que la irrupción de nuevos partidos y la política de pactos en las comunidades autónomas conforman el escenario perfecto para que los directivos sanitarios consigan lo que siempre han pretendido: el reconocimiento de lo que hacen como una profesión.

A priori, los que han subido a la tarima del poder pregonan esa misma reivindicación, como lo pone de manifiesto la noticia Fin a los gerentes nombrados ‘a dedo’ publicada al respecto por Redacción Médica, en la que se entrevista a portavoces de las cuatro formaciones políticas con suficiente representación en la Asamblea de Madrid como para ser tenidas en cuenta en el próximo gobierno autonómico (PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos).

Los portavoces de todos ellos coinciden en la proclama de colocar al frente de los centros y hospitales a profesionales de la gestión; la clave reside en que, por primera vez, todos los candidatos a constituir gobierno se han manifestado favorables, de forma inequívoca, a nombrar a los gestores a partir de criterios muy diferentes a los actuales. Cabe esperar no solo que su palabra cristalice en forma de hechos en esta comunidad autónoma, sino que marque el inicio de otra manera de entender el liderazgo de los equipos sanitarios en España.