Ahora le toca a la privatización

La privatización sanitaria se ha convertido en uno de los conceptos políticamente más rentables de los últimos tiempos. Los que en torno a ella han construido discursos, estrategias, proclamas, plataformas, nuevas asociaciones y hasta mareas han obtenido un rédito que seguramente ni siquiera sospechaban en sus primeros movimientos. Su logro más significativo ha sido sin duda la paralización y posterior abandono del proyecto de externalización emprendido por la Comunidad de Madrid. Que, entre otras muchas consideraciones, no tenía nada que ver con la privatización. Una vez más, vuelve a confirmarse lo que dice el teorema de Thomas: “Lo que las personas definen como real, lo es en sus consecuencias”.

En efecto, la externalización de la gestión no tiene nada que ver con la privatización de la asistencia. Nada. Pero, tan cierto como esto, es que una gran parte de la sociedad, y otra no menos significativa de los profesionales, han terminado por creer que el proyecto emprendido por la Comunidad de Madrid podía terminar propiciando esa situación. Nada más lejos de la realidad.

En solo unas semanas, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dejado zanjada y bien zanjada la externalización. Primero acató los pronunciamientos judiciales y después ha terminado por renunciar voluntariamente, aunque podría haber aguardado a una sentencia en firme sobre el fondo del asunto, que ya no será interpretado.

El nuevo consejero, Javier Rodríguez, ha llegado al cargo con un propósito por encima de cualquier otro: reafirmar la prioridad pública del sistema sanitario madrileño y despejar todo rastro de duda sobre el intento de privatización que, falsamente, se le ha atribuido al Gobierno regional. La Administración madrileña, por tanto, ha sabido tener la suficiente sensibilidad política como para modificar su planteamiento sobre la marcha, sin menoscabar su principal argumento: que la sanidad pública es una prioridad en Madrid, y que va a seguir siéndolo.

Más allá de la celebración que en su día supuso el final del proyecto de externalización, la heterogénea fuerza social y profesional que impulsó su contestación no ha dado síntomas de superar el conflicto. De hecho, más de uno ha seguido clamando contra la privatización, adjudicándose una supuesta condición de guardián de las esencias de lo público que, por lo demás, nadie le ha pedido.

Convendría que todos esos agentes asumieran la nueva realidad y, de una vez por todas, abandonaran el mantra de la privatización como argumento político. Porque, puede que, sobre todo a los partidos políticos, les pueda seguir deparando votos y más votos, pero no lograrán contribuir a lo que supuestamente persiguen: defender el sistema, mejorándolo y perfeccionándolo.

No hay gobierno, nacional o autonómico, que no haya procurado, desde hace décadas, mejorar el sistema sanitario público. Con mayor o menor fortuna, pero todos han intentando hacer de uno de los servicios más y mejor valorados por la ciudadanía uno de sus puntales a la hora de proyectar su acción política y administrativa. Porque reforzando el sistema sanitario, defendiéndolo e impulsándolo sabían y saben que las urnas se lo terminarían agradeciendo. La Comunidad de Madrid no ha sido ni es una excepción a esta línea política, compartida por ejecutivos del PP, del PSOE y nacionalistas. Porque la sanidad importa y mucho, y en su vertiente pública aún más.

Madrid necesita recuperar el sosiego, restañar heridas y encontrar consensos para mejorar su sanidad, la de todos. El Gobierno de la Comunidad ya ha comenzado, con paso firme y con el compromiso visible y reiterativo de su consejero Javier Rodríguez. Ojalá los partidos de la oposición, los sindicatos, los profesionales y esa parte de la sociedad que no ha transigido con una nueva manera de gestionar olviden de una vez el término privatización, dejen de agitar fantasmas inexistentes y contribuyan a mejorar un sistema que siempre fue de todos y siempre seguirá siéndolo.