Acabar con la pérdida de tiempo

La reforma de la gestión y control de la incapacidad temporal (IT) planteada por el Gobierno llega en un momento de efervescencia transformadora, muy ligado a la propia evolución y persistencia de la crisis económica. Como cualquier otra materia, el manejo de las bajas laborales es susceptible de ser mejorado, pero no había habido oportunidad de plantearlo. Que el tema se aborde ahora puede que sea una consecuencia más del ahogo de las administraciones públicas y de la necesidad, a toda costa, de ganar eficiencia en cualquier materia de su competencia. Y ciertamente la IT no es asunto menor.

El proyecto de real decreto, adelantado en exclusiva nacional por Redacción Médica el pasado 14 de febrero, parece un gran avance sobre la normativa existente porque apunta directamente a una de las demandas históricas de los médicos de atención primaria: evitar la pérdida de tiempo que supone la gestión de los partes de baja, tanto para el médico como para el paciente, reduciendo así el impacto de uno de los grandes enemigos del primer nivel asistencial: la burocracia.

Parte del problema de los partes actuales reside en que la periodicidad en su gestión se fijó sin criterio clínico. ¿Por qué cada siete días? ¿Por qué no cada dos? ¿ O cada tres semanas? En realidad, la visita del paciente terminaba convirtiéndose, más que en una necesidad, en una obligación, que no hacía sino complicar la ya de por sí complicada situación de una persona de baja, que seguramente necesita de ayuda familiar y social para atender otras circunstancias cotidianas e imprescindibles.

La reforma pivota en torno al principio de estandarización de procesos patológicos y al tipo de trabajo. Además, otro cambio importante es la introducción de plazos orientativos en función del diagnóstico, la edad del trabajador y la ocupación. Estos contenidos se plasmarán en tablas, que deberán tener un importante contenido clínico. Es aquí donde las sociedades de atención primaria esperan tener suficiente protagonismo para la elaboración final de la reforma.

Otro de sus puntos fuertes es la elaboración de informes complementarios en los procesos de más de 31 días. Puede resultar paradójico que un texto que pretende reducir el alcance de la burocracia subraye y establezca por otro lado la necesidad de incorporar una buena dosis de documentación al historial clínico. El Gobierno parece pretender con ello que toda baja que se alargue por encima de lo habitual esté convenientemente justificada y no responda a otras situaciones que se han vuelto a poner de manifiesto hace unos días, en autonomías como Cataluña y Galicia, donde, desde que estalló la crisis, las bajas han experimentado una reducción extraordinaria.

La evidente intención de espaciar las visitas al médico para ratificar una baja, compartida por la Administración y por los médicos, puede también responder a la mayor duración de algunas enfermedades, cuando no a su inicial cronificación, lo que estaría en consonancia con la evolución del sistema sanitario, que trata por todos los medios de buscar alternativas al modelo de atención a los agudos.

Obviamente, estos cambios deberán hacerse sin perjudicar las garantías que desde siempre ha observado el modelo de gestión de la IT, y que venían en parte del papel jugado por otros actores como la inspección sanitaria y las mutuas de accidentes de trabajo. Estos dos colectivos se han vuelto a enzarzar en una pugna de competencias y dinámicas de trabajo, que recuerda a la ya sostenida hace más de una década, con ocasión del trámite de un proyecto similar para la gestión de la IT. Por entonces el problema se concentró en torno a las propuestas de alta; en esta ocasión, los inspectores se quejan del nuevo papel que se les atribuye, con un menor alcance del control y la autoridad que venían ejerciendo. Mientras, en el otro lado, las mutuas insisten en la profesionalidad de sus cuadros profesionales y en su reconocida capacidad para evaluar procesos y, llegado el caso, proponer altas.

Algunos ven en esta disputa otra ramificación de la supuesta privatización de servicios sanitarios en la que andaría empeñado el Gobierno del PP. Aguardemos a conocer el texto definitivo, conozcamos la opinión de los médicos de primaria, auténticos ejes del sistema, y confiemos en que, como en otras tantas materias, la propuesta de cambio sea solo el principio de una necesaria mejora de la gestión de la incapacidad temporal.