Así se tituló en España el film de 1947 “Out of the past” una de las mejores películas del cine negro, en la que Robert Mitchum encarnaba a un detective de turbio pasado que inicia una nueva vida en la gasolinera de un pueblo perdido donde ha conocido a su actual amor. Pero el viejo gánster, al que le arrebató su amante, trata de vengarse lo que lleva a nuestro protagonista a tener que revivir su pasado. Un regreso dramático y lacerante.

Situación que, si se nos permite la licencia, evoca el riesgo que corre nuestro sistema sanitario de volver a pretéritas circunstancias – en algunos casos propias del franquismo-- si no se abordan de forma decidida los deterioros estratégicos, financieros, organizativos de sus componentes esenciales, de las políticas de recursos humanos, de salud pública y formativas y también de la propia efectividad de sus actuaciones. En definitiva, que le continúe persiguiendo su pasado en un intento metafórico de hacerle retroceder hacia un tiempo pretérito que, como el detective de la película, pretendía abandonar para entrar en una época mejor.

La década de los años 80 del siglo XX, fue considerada por muchos como la de las grandes transformaciones sanitarias, centradas en la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, precedida 2 años antes por las primeras normas de la reforma de la asistencia primaria. Ya hemos comentado previamente en este y otros medios la relevancia política de estos cambios, así como algunos de los errores cometidos y las insuficiencias del desarrollo legislativo que han marcado desde entonces y negativamente la evolución de nuestro sistema, con un claro punto de inflexión en la crisis financiera de 2008.

Llegados a este punto estamos obligados a especificar algunos aspectos clave de los ámbitos antes apuntados y en los que, a nuestro parecer, es mayor el riesgo de retorno al pasado de nuestro sistema sanitario:

Universalidad del sistema nacional de salud

La pervivencia a medio, y quien sabe si a largo plazo, de las mutualidades de funcionarios, jueces y militares. Lo que comporta privilegios – ni que sean menos de lo que aparentan-- más propios del tardofranquismo. Y de las mutualidades laborales encargadas de la asistencia a las enfermedades profesionales y la prevención de los accidentes del trabajo.  Sin olvidar las insuficiencias de la atención a la dependencia y a otros colectivos vulnerables como los inmigrantes.

Reforma de la Atención Primaria

Sin abordar en profundidad los cambios conceptuales, estratégicos, organizativos, de gestión y de competencias de los profesionales que la integran, con referencia especial a las enfermeras y a los pediatras, y a sus interrelaciones con los servicios de salud pública y activos comunitarios de salud del territorio, corremos el riesgo de retroceder a un pasado franquista en el que el médico general (de cabecera)  en el ámbito urbano era un simple emisor de recetas y volantes de derivación a los especialistas (ambulatorios y hospitalarios). que eran los que realmente solucionaban los problemas significativos de los pacientes.

La salud pública

Que requiere asumir de una vez por todas su carácter intersectorial e interprofesional en el marco de una estrategia de salud en todas las políticas que trascienda su conexión con el sistema sanitario. El largo intervalo entre la promulgación de la Ley General de Sanidad (1986) y la de Salud Pública (2011) y el aún más llamativo retraso en el desarrollo de la Agencia de Salud Pública son demostrativos de la mínima capacidad innovadora de los diferentes gobiernos, incluido el actual, para conseguir abandonar el escenario franquista de la salud pública del siglo XX.

Hospitalizaciones de referencia

En el complicado contexto de la planificación de los recursos hospitalarios de agudos se sigue sin abordar de forma consistente la diferenciación en misiones, organización y competencias operativas de los hospitales de referencia estatales y autonómicos y los comarcales y locales. Ligando estos últimos, tanto a nivel de planificación como de gestión y asistencial operativo a los recursos propios del territorio, esencialmente de la Atención Primaria y Comunitaria, y abandonando de una vez por todas su tendencia a la emulación en recursos y competencias de los de referencia.

Eficiencia y coste/oportunidad

Con referencia especial al sobrediagnóstico y sobretratamiento con origen en actuaciones preventivas de nulo o dudoso beneficio individual y poblacional, así como al despilfarro medicamentoso protagonizado por la proliferación de autorizaciones de fármacos “me too” y de las prescripciones inadecuadas como, por poner algunos ejemplos, las de antibióticos, ansiolíticos y antidepresivos, protectores gástricos y. más recientemente de medicamentos para el sobrepeso y la obesidad. Es imprescindible poner en marcha campañas institucionales potentes y continuadas de información poblacional sobre estos aspectos.

Necesidad y formación de los recursos humanos

Falta abordar en profundidad las necesidades de profesionales y la incorporación de nuevos colectivos y perfiles competenciales al sistema sanitario. El éxito del sistema MIR conjugado con la ausencia de una estrategia clara y sólida de evaluación del nuevo contexto tecnológico y social parecen haber adormecido la potencialidad innovadora de nuestros dirigentes y expertos, anclados en la parálisis reflexiva y de acción y decididos a hacer regresar al sistema a los desequilibrios vividos en los últimos años 70 y 80 del siglo pasado. Es cada vez más urgente una reflexión útil sobre el conjunto del continuum formativo (grado, postgrado y formación continuada) y no limitarse a los análisis parciales de cada una de sus etapas si se quieren alumbrar soluciones efectivas a medio y largo plazo.

Estatutarios, laborales o profesionales 

Durante este año 2025 la prioridad del gobierno en este ámbito es la reforma del estatuto marco de los profesionales sanitarios (esencialmente de los médicos). Una normativa desfasada que funcionariza a los profesionales y que ha sido y es fuente de numerosos problemas para el sistema a la hora de la cobertura de plazas y como causa de precariedad laboral, por citar solamente dos de ellos. Ya es hora de que nuestros responsables políticos y expertos reflexionen sobre los problemas y rigideces generados por el estatuto marco y valoren, con la prudencia necesaria, otras posibilidades más innovadoras para definir la relación laboral de los profesionales con las administraciones y entidades sanitarias.

No pretendemos agotar las posibilidades de un análisis que lo único que pretende es alertar, una vez más, sobre los riesgos de que los deterioros que se perciben por todos en nuestro sistema sigan profundizándose hasta hacerse irreversibles y puedan precipitarlo hacia un abismo de retroceso, de retorno a un pasado que, sin duda, fue peor.