Estado de bienestar y colaboración público-privada

El estado de bienestar como modelo político instaurado en múltiples países tiene como objetivo primordial la potenciación de la equidad y justicia distributiva de los recursos disponibles en la ciudadanía a partir de intervenciones de los poderes públicos. Aunque se suele ubicar su origen tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial no debe olvidarse que existieron precursores en el ámbito político y económico como Bismarck y Keynes, respectivamente.

Las diferentes variantes actuales del estado de bienestar (nórdico, europeo continental, anglosajón y mediterráneo) comparten cuatro pilares esenciales centrados en la garantía de acceso a la sanidad, educación, pensiones y otros soportes de ayuda social. Este modelo político creció en el ámbito occidental hasta las décadas de los años 70 y 80, época en que empezaron a surgir críticas más o menos fundadas sobre su sostenibilidad y eficiencia y en las que se basó el resurgir de la estrategia neoliberal que propugna la disminución, hasta niveles mínimos, de la intervención del estado en lo social y el predominio de las leyes del mercado en lo económico.

Significativo deterioro del estado de bienestar

Muchos países han ido asumiendo en el terreno sanitario un significativo deterioro del estado de bienestar, sobre todo a partir de los años 90 y de la crisis financiera de 2008, traducido operativamente en el crecimiento del sector privado en el ámbito de los servicios. El papel subsidiario o complementario de la iniciativa privada en la provisión sanitaria se ha ido transformando en primordial en la medida en que el componente público del sistema le ha ido cediendo partes significativas de sus responsabilidades y prestaciones. En el caso de España este traspaso es obvio, por ejemplo, en ámbitos como la asistencia médico-quirúrgica de problemas de importancia relativamente menor o la atención sociosanitaria a la tercera edad.

Esta nueva configuración del equilibrio público-privado tuvo una primera expresión en el diseño de la Ley General de Sanidad de 1986 que, al ser heredera de la estructura de la Seguridad Social del sistema anterior a la etapa democrática, no desarrolló plenamente la universalidad de la atención sanitaria y dejó al margen de la asistencia pública a sectores sociales tan significativos como los funcionarios, la judicatura y el ejército, dejando a elección de los integrantes de las mutualidades a las que estaban adscritos (Muface, Mugeju e Isfas) la posibilidad de recibir asistencia sanitaria ambulatoria y de internamiento a través del sistema privado. Así mismo, la Ley General de Sanidad dejó a cargo de las mutuas de trabajo empresariales (autorizadas por el Ministerio de Trabajo) las prestaciones sanitarias relacionadas con la actividad laboral de asalariados y autónomos. Ambas situaciones persisten prácticamente sin cambios casi 40 años después.

---

"Las indefiniciones gubernamentales lo único que hacen es propiciar el deterioro del sistema, especialmente en Atención Primaria y Comunitaria"

---

En el momento actual ha resurgido con fuerza la discusión acerca de si es razonable y positivo para la población y el conjunto del sistema de prestación de servicios sanitarios seguir manteniendo a costa del erario público una estructura asistencial de atención primaria y comunitaria y hospitalaria de carácter privado, basándose en el argumento esencial de que la incorporación brusca al sistema público de las cargas financieras y de trabajo que genera ocasionaría su inmediato colapso. Esta argumentación pública esconde la real, centrada en la falta de confianza de los sectores poblacionales (profesionales) afectados acerca de la capacidad y bondades de la parte pública del sistema sanitario para atender en tiempo y forma sus necesidades de salud.

¿Nuevo equilibrio de los sectores público y privado?

Llegados a este punto es cuando emerge en la práctica política la disyuntiva entre los defensores del estado de bienestar y los que propugnan un nuevo equilibrio entre los sectores público y privado de prestación de servicios sanitarios que rompa definitivamente con el concepto de complementariedad o subsidiariedad de estos últimos respecto a los primeros. En el caso de la Atención Primaria y Comunitaria, casi inexistente en la estructura privada de prestaciones, es obvio que la persistencia o potenciación de la situación actual atenta directamente contra la igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios preconizada en la misma Constitución Española.

Llevamos ya muchos años “mareando la perdiz” y se hace cada vez más obvia y perentoria la necesidad de tomar decisiones políticas claras: estado de bienestar potente y subsidiariedad de la parte privada del sistema o, por el contrario, impulso de la estrategia neoliberal. Las indefiniciones gubernamentales lo único que hacen es propiciar el deterioro del sistema, especial y principalmente de la Atención Primaria y Comunitaria.