La Agencia Estatal y el desarrollo de la Salud Pública

El rechazo por parte del Congreso de los Diputados de la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública el pasado 20 de marzo es una de las malas noticias recientes. Hat transcurrido tiempo entre nuestro hoy y 2011, año en que se promulgó la Ley General de Salud Pública, que ya incorporaba en su articulado la creación de un centro estatal que nunca vió la luz, lo que auguraba un futuro difícil.

Llegó la pandemia y el Gobierno presentó en 2022 el primer anteproyecto de ley. Sin embargo, las elecciones generales de 2023 volvieron a interrumpir el proceso hasta que que en enero de 2024 el proyecto fue aprobado de nuevo en el Consejo de Ministros. En ese momento, ya estuvo a punto descarrilar al presentar Junts y PNV dos enmiendas a la totalidad para devolverlo con el argumento de que invadía sus competencias. El texto final del último intento incluía las funciones específicas que tendría la agencia para "garantizar que no se merman las competencias autonómicas en materia de salud pública", si bien todos los informes que emanasen de este nuevo órgano, deberían pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Entre las principales funciones de la Agencia se incluía la coordinación de la vigilancia en salud pública, la evaluación de los riesgos en salud, la preparación y alerta en crisis sanitarias, trasladar información a la ciudadanía ante el riesgo y prestar asistencia, asesoramiento y apoyo a cualquier institución pública o comunidad autónoma que lo requiriera.

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"La Agencia Estatal de Salud Pública debería priorizar el fomento de las actividades de promoción de la salud comunitaria y generar vínculos potentes de cooperación con la Atención Primaria y Comunitaria"

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Unas responsabilidades básicas mínimas que solo niega Vox pero que finalmente ni el PP ni Junts han aceptado en un contexto político dominado por un sectarismo partidista que sobrepasa los límites de la sensatez y se adentra en oscuros territorios irracionales que lamentablemente no es exclusivamente español y que parece abocarnos a una nueva época dominada “urbi et orbe” por los populismos de tinte autoritario.

Sin embargo, desde la perspectiva profesional es necesario seguir insistiendo sin caer en el desfallecimiento y aprovechar la oportunidad paras recordar las recomendaciones de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) sobre la necesidad de establecer un compromiso claro y preciso con el objetivo de la pronta aprobación de una Agencia Estatal de Salud Pública que asuma, además de las funciones señaladas antes, un papel protagonista en los campos de la investigación y la formación y actúe como un organismo generador de conocimiento, independiente de los avatares políticos y compuesta por profesionales que sean capaces de garantizar que la institución es el máximo referente de calidad y prestigio en su ámbito. (véase el informe de Sespas sobre la futura Agencia Estatal de Salud Pública)

En esta línea de progreso y futuro al servicio de la sociedad, la Agencia Estatal de Salud Pública debería priorizar el fomento de las actividades de promoción de la salud comunitaria y generar vínculos potentes de cooperación con la Atención Primaria y Comunitaria de Salud del sistema sanitario sin olvidar a los sectores de la población y de la administración que tienen una influencia considerable sobre la salud colectiva como son los determinantes educativos, laborales, urbanísticos, habitacionales, etc. Una iniciativa que hace unos años propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante el proyecto Unidos por la Salud (Towards Unity for Health) integrado actualmente en la Network Tufh, una organización internacional, intersectorial e intergeneracional que promueve la integración de servicios de salud, educación e investigación equitativos y comunitarios con el objetivo de mejorar la salud a nivel local y global.

La Agencia Estatal de Salud Pública es una herramienta institucional necesaria pero su constitución operativa solamente es el primer paso para desarrollar la dimensión gubernativa de la salud pública y fomentar también los aspectos académicos (docencia e investigación) y su papel en el Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo para promover la salud y con ella el bienestar y calidad de vida de la sociedad española en su conjunto.