Derechos y dignidad de los pacientes deben ser la prioridad en todo plan que aborde los medicamentos

Recientemente llegó a mis manos el Plan de Acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud (SNS): Medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos, desarrollado y aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y no puedo decir otra cosa más que, tras su lectura, sentí rabia, vergüenza y mucha frustración.

Ese documento no hace nada más que volver, una vez más, a poner en evidencia la opacidad del trabajo que realizan, en muchas ocasiones, la administración pública, para sacar adelante sus intereses, sin contar con el afectado directo que, en esta caso, son casi 20 millones de personas en España.

Afortunadamente, y como muchas veces ya ha pasado en otras ocasiones, el trabajo de los buenos periodistas ha sacado a la luz este documento que, lejos de quererse hacer público, no se pretendía más que aprobarlo con el menor ruido posible, para que los afectados nos enterásemos ya tarde para poder reclamar o, al menos, exigir explicaciones ante unas medidas que no son más que una monumental falta de respeto para con las personas con alguna patología crónica y sus familiares.

No obstante, no hemos sido los únicos damnificados, junto con los pacientes, los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica tampoco han podido participar en la elaboración de este documento.

El principal motivo por el que se ha actuado de esta manera tan vergonzosa no es nuevo. Una vez más, se debe a que con dicho plan se pretende tomar medidas impopulares: importantes recortes en la prestación farmacéutica para ahorrar, sin tener en cuenta, sin embargo, ámbitos del SNS ineficientes desde hace años y en los que sí se debería comenzar a actuar ya:

- Organización centrada en el paciente agudo y no en el crónico

- Aumento de las listas de espera

- Repeticiones innecesarias de pruebas diagnósticas

- Deficiencias en la continuidad asistencial

Aprobar y asumir este plan de acción supondrá la pérdida de calidad de vida por parte del paciente, sin ser necesario pues hay medicamentos para evitarlo; y precisamente, por esto mismo, las medidas de este documento son ética y socialmente inaceptables, y aún más si se hace a espaldas de médicos y pacientes.

Esta priorización de lo económico por encima de los resultados en salud está totalmente en contra de la tendencia de otros países de nuestro entorno cercano; y lo que es más grave aún: no recoge ninguna medida que valore los efectos que este plan tendrá sobre la salud de los pacientes.

No obstante, y a la vista de experiencias previas, no estaré muy alejado de la verdad si afirmo que supondrá menos calidad asistencial, pues cada ahorro en Sanidad que se ha realizado en el pasado, ha supuesto este daño al paciente, como principal consecuencia.

En este sentido, no puedo más que criticar medidas tan burdas como las siguientes, y que como representante máximo del colectivo de pacientes crónicos de España, me siento obligado a denunciar:

- NO tiene en cuenta el valor terapéutico de los medicamentos, siendo tratados como un mero objeto de mercado

- NO presta atención más que a una política de precios bajos, con el riesgo de perder calidad y de fomentar desabastecimientos

- NO evalúa el coste total y la duración de los tratamientos farmacoterapéuticos, lo cual puede generar más costes para el SNS y acarreará la pérdida de calidad de vida y retraso en la recuperación de los pacientes

- NO sopesa las consecuencias que, a medio y largo plazo, tendrán las medidas de bloqueo a la innovación, alejando a los pacientes de las ventajas de las nuevas terapias

- NO incluye nuevos modelos de financiación, como la orientada a resultados

En resumidas cuentas, nos encontramos con un plan opaco y en el que, además, se pretende engañar al ciudadano si no sabe leer “la letra pequeña”.

Así por ejemplo, el documento plantea la modificación del artículo 87 de la Ley de Garantías para generalizar la prescripción por principio activo, pero en realidad lo que se quiere establecer es que la prohibición de sustitución de medicamentos biológicos sólo sea para las oficinas de farmacia, derogando así la prohibición actual que incluye también a los hospitales. De momento, y para eludir la prohibición, burdamente fomentan la prescripción electrónica, colocando al médico responsable del tratamiento en una situación comprometida y al paciente, en una posición de indefensión.

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"Médicos y pacientes denunciamos un documento que coarta nuestra vida en el sentido más amplio de la expresión, pues pretende 'planificar' la incorporación de fármacos autorizados, pero hace justo lo contrario"

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A ello, hay que añadir que la prescripción por principio activo de los medicamentos biológicos y biosimilares está prohibida por la Directiva Comunitaria de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, incorporada a nuestro derecho positivo por Real Decreto en febrero de 2014. Dichas disposiciones exigen que se haga por denominación comercial, para facilitar la traza unidad y la farmacovigilancia. En este sentido, y como ya se señaló en la Ley de Farmacovigilancia de 2013, “los sistemas informáticos no están concebidos para prescribir, sino como un instrumento de orientación y apoyo al profesional sanitario”.

Así las cosas, médicos y pacientes denunciamos un documento que coarta nuestra vida en el sentido más amplio de la expresión, pues pretende “planificar” la incorporación de fármacos autorizados, pero hace justo lo contrario: ralentizar lo más posible el acceso de los pacientes a nuevos medicamentos, algunos llamados a salvar vidas o incluso a curar enfermedades a día de hoy crónicas.

Me gustaría señalar también que este plan no hace más que poner en peligro nuestra calidad de vida, nuestra seguridad física y la eficacia de nuestros tratamientos farmacoterapeuticos. Y además, viene a generar una gran inseguridad jurídica y desorientación de los pacientes (además de más inequidad territorial), ya que no aclara cómo se enlazarán las medidas estatales de este documento, muy restrictivas, con las decisiones que tomen las Comunidades Autónomas (compras centralizadas, protocolos y guías, etc.).

Estamos, pues, ante un plan que nace con alevosía y nocturnidad, en el que la falta de rigor, transparencia e información para con los agentes implicados en el SNS brilla por su ausencia. En resumidas cuentas: una vez más, los pacientes volvemos a ser los grandes damnificados. ¿Hasta cuándo?