50%

Recientemente hemos tenido conocimiento de los argumentos utilizados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en respuesta a una determinada queja elevada al Defensor del Pueblo por un grupo de Farmacéuticos. Los medios de comunicación han recogido la noticia bajo el siguiente titular: “Subastas: El SAS achaca más del 50 por ciento del desabastecimiento a las Farmacias”.

En un principio me sorprendió, y me entró la duda de si era el típico titular llamativo o si la Consejería lo había afirmado expresamente. Para comprobarlo lo más recomendable era ir a la fuente, y a ella fui. Los razonamientos utilizados ¿por el equipo jurídico o por la consejería? en las alegaciones, informan que se han realizado un total de 82.738.461prescripciones por principio activo en un determinado periodo, y que en el 87,45 por ciento de las mismas se ha dispensado uno de los preparados comerciales subastados; por lo que en el restante 12,55 por ciento de las prescripciones realizadas por ese mismo método se dispensó uno diferente al indicado por el Servicio Andaluz de Salud. Cualquiera con ese porcentaje de cumplimiento -cercano al 90 por ciento- se sentiría satisfecho del resultado sin más; no obstante, la Administración analiza los datos anteriores y estima que las causas ajenas a los laboratorios pueden representar, al menos, la mitad de aquel 12,55 por ciento. O sea, y dicho al salomónico modo, según ¿el equipo jurídico o la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía? la mitad de los desabastecimientos es culpa de los laboratorios, y la otra mitad de los otros agentes de la cadena (almacenes de distribución y Farmacias).

Este último argumento pudiera valer para alcanzar el objetivo propuesto, que no era otro que conseguir el archivo de la queja por parte del Defensor del Pueblo. Y aunque en Derecho pueda valer casi todo -hasta la enajenación mental transitoria suele ser invocada como atenuante para conseguir la rebaja de la pena del reo- no vale ese casi todo para conseguir el simple archivo de una queja. Sobre todo si con esa tesis se pone en duda la profesionalidad y el buen hacer de quienes lidiamos a diario con las subastas de medicamentos: los farmacéuticos.

Estimar (o sea, “considerar”, según la RAE) por parte de la consejería que los farmacéuticos no dispensamos la mitad de ese 12,55 por ciento que los laboratorios ponen a nuestra disposición, bien por rotura de nuestros stocks o por razones económicas, podría equivaler a estimar (o sea, a considerar) por parte de otros, que la mitad de los puestos de trabajo destruidos o no creados en los laboratorios españoles de genéricos, que no se presentaron a las subastas por problemas de stocks o económicos, es culpa de la Administración andaluza; o que la mitad de las listas de espera es culpa del absentismo o de problemas económicos de los médicos. Por cierto, no logro entender qué interés pueden tener en la defensa a ultranza de las subastas ciertos representantes de la clase médica, y su recomendación para que se extiendan a otras regiones españolas. Con esa opinión los mandatarios de la profesión hermana sólo demuestran un desconocimiento supino de la realidad. ¿Opinarían lo mismo si cada vez que hubiera un problema de abastecimiento puntual y no comunicado de algún medicamento, los farmacéuticos remitiéramos a los enfermos a las consultas médicas para un cambio de prescripción? ¿De verdad creen que la ausencia de matojos espinosos significa que todo el monte es orégano?. Lo pregunto porque a los profesionales de la Medicina no les llega el más mínimo problema al actuar los farmacéuticos al amparo del artículo 89 de la Ley de Garantías, asumiendo nuestra responsabilidad y dispensando el mismo medicamento, pero de un laboratorio no subastado, antes que molestar a los pacientes -inocentes sufridores de las decisiones políticas en la Sanidad-, y a pesar de que la Administración intente, en esos casos, no abonar la dispensación correctamente realizada.

He comentado en más de una ocasión que las subastas nunca han sido una solución y que se convirtieron hace tiempo en un problema. Ahora también se han convertido en un arma de doble filo: considerar que “la mitad de los desabastecimientos es culpa de los farmacéuticos” es ponernos a los pies de los caballos. A ver qué le decimos ahora a los pacientes cuando nos digan que les cambiamos continuamente sus medicamentos porque no gestionamos bien los stocks o por problemas económicos, cuando la realidad es que conseguir el abastecimiento continuo de algunas presentaciones es casi una pesadilla, y demostrarle a la Administración por qué no disponemos de ellos es la parte que falta para que todo sea la pesadilla completa.

En nuestra profesión, como en todas las demás, hay personas de todo tipo, es algo inherente al ser humano. En el caso que nos ocupa estaríamos hablando de quienes presuntamente no cumplen las subastas sin causa objetiva. La Administración andaluza sabe sobradamente que puede contar con la colaboración leal de los Colegios de Farmacéuticos para reconducir esas conductas anómalas, y así se ha hecho en numerosas ocasiones en éste y otros asuntos y se sigue haciendo a diario. Ahora bien, identificar la parte con el todo es totalmente injusto, sobre todo porque ignora y menosprecia los esfuerzos diarios que realiza la mayoría para conseguir aquellos medicamentos subastados que están en suministro discontinuo o, lo que es lo mismo, sometidos a desabastecimientos puntuales.

Con el fin de dotarnos de argumentos objetivos para demostrar por qué no conseguíamos determinados medicamentos y no los dispensábamos, además de aportar fotocopias de los albaranes de los almacenes de distribución, nuestro Colegio ideó un sistema al que denominamos “cuarto almacén” -asumido posteriormente por el Consejo General con el nombre de CISMED (Centro de Información Sobre Medicamentos)-, que detecta los desabastecimientos instantáneamente, antes de que fueran comunicados por los laboratorios o los detectara la propia Administración. Y todo para conseguir el abono de las dispensaciones correctas.

Ha sido un error señalar a todos los farmacéuticos de la mitad de los desabastecimientos producidos en las subastas, del mismo modo que fue un error (y un insulto profesional) achacar una presunta falta de formación de los farmacéuticos comunitarios para controlar la dispensación de los medicamentos de diagnóstico hospitalario, y justificar de esa manera una clara medida económica: someterlos a dispensación hospitalaria, obligando a los pacientes a desplazamientos y molestias innecesarias, algo que los Tribunales se encargaron de enmendar. 

La experiencia acumulada en estos años de subastas, me reafirma en mi idea de considerar una incongruencia el mantenimiento de este sistema de financiación pública de medicamentos que tantísimos problemas ocasiona, y que en nada contribuye al mantenimiento de los puestos de trabajo en España, a la creación de empleo, al PIB nacional y a la economía de las familias que, directa o indirectamente, dependen de la distribución minorista o mayorista de los medicamentos. Menos mal que sólo es un problema de Andalucía; no quiero ni imaginar qué ocurriría si se les hiciera caso a los que, demostrando su desconocimiento de la realidad, piden su extensión a toda España.