El ministro ha reconocido que hubo un planteamiento por parte del Ministerio de Sanidad de incluirlo en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia



13 ene. 2015 11:16H
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Redacción. Madrid
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado este martes que el Gobierno articulará "la reforma legal adecuada" para modificar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, de manera que dé cabida a su "compromiso" de incluir el requisito de que las menores deban contar con la autorización de los padres para poder abortar.

Rafael Catalá.

Catalá ha indicado, que tras el apunte del Consejo de Estado de que este cambio no puede hacerse con una ley ordinaria, como pretendía el Ejecutivo al incluirlo en la ley de Protección de la Infancia, sino con una ley orgánica, "lo haremos con la reforma legal adecuada".

"Tenemos el compromiso, y lo vamos a llevar adelante, de reformar la legislación en esa materia, para que las menores de 16 a 18 años" tengan que estar "acompañadas" y que "el consentimiento de los padres forme parte del proceso de esa toma de decisión tan tremenda de practicar un aborto y, más en una menor".

Ha reconocido que hubo un planteamiento por parte del Ministerio de Sanidad de incluirlo en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, pero el Consejo de Estado ha dicho que en lugar de una ley ordinaria tiene que ser una ley orgánica. "Pues se hará por ley orgánica", sentenció Catalá. El ministro de Justicia ha asegurado que se está a tiempo de que esta ley se tramite en Cortes en el actual periodo de sesiones, calculando que la legislatura concluya sobre el mes de octubre. "Hay tiempo sobrado", ha explicado.

Preguntado por la polémica que suscitó la reforma en esta materia de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, que finalmente terminó apartada, Catalá ha comentado que "es legítimo" que un partido, un grupo parlamentario o un Gobierno promueve medidas y que al testar los apoyos y rechazos, finalmente desistas en la iniciativa. "Lo que sí me parece razonable, en mi opinión, es que cuando un Gobierno promueve una reforma legal que identifica un rechazo importante, lo razonable es no seguir adelante", ha concluido.

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