David García. Madrid
La oficina del Defensor del Pueblo ha hecho balance del año que acaba en el que destacan que se han reducido los tiempos medios de respuesta a los ciudadanos y administraciones y ha reformado su página web para mejorar la transparencia y el servicio a los ciudadanos.
En 2015 la Institución tardó una media de 29,25 días en responder a los ciudadanos, frente a los 64 días que tardaba en 2012.
En cuanto a las quejas, se han presentado un total de 17.677 en todo 2015, algo menos que el año pasado cuando se interpusieron 23.186.
Soledad Becerril.
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De todas ellas, 1.465 estuvieron relacionadas con la sanidad, casi el doble que el año anterior, 2014, cuando se presentaron 769.
Es el único sector junto con el de seguridad pública que ha incrementado las quejas este año con respecto al anterior.
La tendencia es similar si se atiende al número de resoluciones en materia de sanidad. En 2014 se redactaron 42 y en este 2015 se ha hecho lo propio con 142.
Hitos sanitarios
En el balance presentado este martes, la oficina del Defensor del Pueblo pone de relieve que la titular de la institución, Soledad Becerril, ha comparecido en cinco ocasiones ante las Cortes, y destaca también la presentación de cinco informes, uno de ellos netamente sanitario titulado ‘Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes’.
Además, entre sus actuaciones más relevantes en 2015 destacan en materia social y sanitaria la de los copagos por servicios sociales y la de los menores con daño cerebral adquirido. En la primera de ellas explican que la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat valenciana aceptó tres recomendaciones de la Institución para evitar que el copago en los servicios sociales genere situaciones gravosas a los usuarios de servicios de atención social y a los miembros de su familia.
Respecto a la segunda, la Institución prepara un estudio monográfico sobre la calidad de la atención que reciben los menores de 16 años con daño cerebral adquirido, por parte de las administraciones sanitaria y educativa. El Defensor del Pueblo quiere así conocer qué medidas de primera atención especializada, rehabilitación temprana y de apoyo educativo y para la inclusión social tienen a su alcance estos menores. También quiere identificar las principales dificultades a las que se enfrentan en lo referente a normas, organización y recursos.
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