Cristina Alcalá / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Madrid
El Ministerio de Sanidad y las diferentes comunidades autónomas pretenden constituir un frente común para que Grünenthal "responda" por los afectados españoles por la talidomida, el fármaco que comercializó en los años 60 y que les provocó malformaciones. Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, antes de la celebración del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero,con los consejeros autonómicos de Políticas Sociales.
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"Tenemos que buscar una solución global. No puede ser que la farmacéutica haya resarcido al resto de víctimas en Europa y en España no. Exigimos que responda también por estas personas. Y para ello, desde Andalucía proponemos trabajar para el reconocimiento de estos afectados, tanto desde el punto de vista de sanidad como en políticas sociales. Si no se asocia el consumo del fármaco a su discapacidad actual, difícilmente van a ganar en los tribunales", ha expresado Sánchez Rubio, que aboga por la presión social tras acabar con las vías judiciales de este asunto.
La opinión de la consejera va en línea con lo expresado por el propio ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, la semana pasada en el Congreso de los Diputados donde explicó que en esta reunión, Gobierno y comunidades buscarán una solución, ya sea económica o sanitaria, para compensar a estos pacientes.
"Insuficiente" el aumento para dependencia en 2016
Por otro lado, varios consejeros han valorado el aumento presupuestario del Gobierno para la dependencia para el próximo año. En concreto, se trata de más de 100 millones de euros para cubrir esta atención, que todos los responsables autonómicos han tachado de "insuficiente", ya sea porque no cubre a todos los usuarios del sistema o porque el problema erradica desde el inicio de la implantación de esta ley.
"Es un incremento muy pequeño para el reto tan importante que existe, especialmente tras la incorporación de los dependientes de grado I", ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté. "Exigimos a Sanidad que cumpla los estrictos términos que dicta la ley en materia de financiación", y ha puesto el ejemplo de la obligatoriedad de derivar el 0,7 por ciento del IRPF a las comunidades para sufragar las políticas sociales. "Cataluña ha dejado de percibir 240 millones de euros en los últimos años. Un recorte presupuestario impuesto por el Gobierno y que ha perdido en los tribunales".
Una postura contraria de la que defiende el consejero de Políticas Sociales de La Rioja, Conrado Escobar, quien ha achacado la falta de financiación para la dependencia a la anterior Administración, la socialista. "Esta materia requiere un consenso en sostenibilidad, suficiencia y solidaridad y no caer otra vez en el recurrente asunto de la falta de financiación", ha espetado.
Andalucía, por su parte, pide que esta nueva partida contemple la posibilidad de créditos ampliables en el futuro, para garantizar la solvencia de la ley en los próximos años. Asimismo, Sánchez Rubio reivindica que se constituya un grupo de trabajo para evaluar la normativa, donde se ponga sobre la mesa su actual estado "tras verse modificada legalmente en distintas ocasiones desde 2012", así como incorporar la posibilidad de que los cuidadores familiares coticen a la Seguridad Social.
La consejera andaluza es la única que ha valorado, a priori, el documento base para la integración sociosanitaria facilitado por Sanidad a las comunidades autónomas. Un escrito que rechaza frontalmente al considerar que segrega a los pacientes crónicos y dependientes del sistema sanitario y derivarlos a sociosanitario, sin valorar sus necesidades. "Hay que refozar el sistema público de salud, pero también el de servicios sociales, y la coordinación entre ambos no puede crear un nuevo sistema, porque sacaría del modelo a las personas que más lo necesitan".
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