El Ministerio rechaza revisar el modelo de financiación del sistema de dependencia

Cristina Alcalá / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no revisará el actual modelo por el que se financia el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), después de que algunas de las comunidades autónomas, principalmente las de diferente signo político como son Cataluña o Andalucía, acudieran al Consejo Territorial este miércoles con esta reclamación. En concreto, la consejera andaluza denunciaba que su Ejecutivo hacía frente al 80 por ciento de esta materia y que, incluso en esa situación, destinada más dinero público a los dependientes de lo que lo ha hecho el Estado en todo el territorio nacional.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, junto a representantes del ministerio y de las comunidades autónomas antes de comenzar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Para hacer tal afirmación, Alfonso Alonso ha acudido a los últimos informes del Tribunal de Cuentas donde se detalla que, en los ejercicios económicos de 2011 a 2013, el Estado transfirió a las autonomías más de 10.000 millones de euros para el sostenimiento de la dependencia. “Podemos mantener una pelea infinitiva, pero el informe de este tribunal es decisivo”, ha explicado en rueda de prensa el titular de Sanidad. “El actual sistema de financiación no lo hizo este Gobierno, lo hizo el anterior, y ni siquiera ellos están contentos con el mismo”. No obstante, “no vale el reproche mutuo”, ha añadido, sino que “habrá que evaluar la financiación con las comunidades, lo que aportan los usuarios e, incluso, el Estado”.

La posible ampliación presupuestaria dependerá del estudio que realice Sanidad

En esta línea, el ministro ha asegurado que su departamento y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles que, a partir de julio, momento el que se irán incorporando al sistemas las personas con dependencia moderada, se llevará a cabo un estudio sobre el grado de aplicación de la ley que lo regula, para conocer su desarrollo en los últimos años, así como poner sobre la mesa iniciativas que permitan mejorar su financiación y solvencia de cara a un futuro.
 
Este grupo de trabajo, dependiente estos seis meses de la Comisión Delegada del Consejo Territorial, analizará el grado de cumplimiento con las previsiones que recogía la Memoria Económica de la propia normativa, así como propuestas de mejoras para seguir con su desarrollo. Ante esto, Sanidad no se ha aventurado a prometer una partida específica para esta materia o no, hasta que no tenga sobre sus manos un informe detallado de la situación real de la dependencia más allá de julio.

Sobre este tema, el ministerio ha avanzado los últimos datos publicados sobre el SAAD a lo largo de 2014, tras la acomodación de la bases de datos de las comunidades a la nueva herramienta informática acordada para asegurar la transparencia y evitar irregularidades. En concreto, actualmente hay 745.585 personas beneficiarias con prestación efectiva, lo que supone el 83,4 por ciento del total. La lista de espera se ha reducido un 51 por ciento respecto a 2011 (ahora se sitúa en 148.137 personas), y el servicio se está profesionalizando, ya que ahora representa el 59,7 por ciento de las prestaciones reconocidas, mientras que las económicas alcanzan el 40,2 por ciento.

Certificación de los cuidadores profesionales

Otra de las cuestiones relevantes de este Consejo Territorial está relacionado con la acreditación de los profesionales que trabajan en este campo. Un proceso complejo, tal y como ha calificado el ministro, pero que en ningún caso afectará a los ciudadanos que ya están trabajando, ni tampoco a las entidades que están suscritas. Es una modificación para integrar a los cuidadores cuya situación aún está en el aire y que desde Sanidad esperan que esté culminada a finales de 2015.

Anteproyecto de ley del Tercer Sector y del Voluntariado

En cuanto a estas dos cuestiones, Sanidad ha calmado a las autonomías, entre ellas Cataluña y País Vasco, al decirle que las competencias en servicios sociales no se verá afectada por estas leyes que, según las estimaciones de Alonso, verán la luz en Consejo de Ministros a finales de marzo.

“Se trata de una norma pionera en España y en el ámbito europeo, que regula más de 30.000 entidades y que da trabajo a más de 5 millones de personas”, ha explicado el ministro. “Ahora, gracias a estas leyes, estas entidades planificarán las políticas sociales con el Estado”.

La Ley del Voluntariado, además, supone una actualización 20 años después de una norma que, a partir de ahora, fijará los derechos los deberes de este personal, así como de las organizaciones que colaboren con ellos.

En la imagen de la izquierda, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván; y su homólogo de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz. A la derecha, el director general de Ordenación Profesional del ministerio, Carlos Moreno.

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos; y la consejera de Asuntos Sociales de Ceuta, Rabea Mohamed Tonsi.

A la izquierda, José Ignacio Nieto, consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja. A la derecha, Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña.

A la izquierda, Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias. A la derecha, Beatriz Mato, consejera de Empleo y Bienestar Social de Galicia.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, a la izquierda. El consejero de Políticas Sociales de Navarra, Íñigo Alli, y la consejera de Familia y Servicios Sociales de las Islas Baleares, Sandra Fernández, a la derecha.

Susana Camarero y Alfonso Alonso atienden a la prensa después de la reunión del Consejo Territorial de Dependencia.

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