Ambas comunidades han señalado que aplicar la medida el 1 de octubre es “imposible”



24 sept. 2013 14:46H
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Redacción. Madrid
País Vasco ha dado un paso más en su rechazo a la implantación del copago hospitalario a partir de octubre planteada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno que lidera Urkullu, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pedirá la suspensión temporal de la medida mediante un recurso de alzada que, en caso de resolverse de forma negativa, daría paso a una impugnación ante los tribunales.

Asimismo, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía también ha manifestado su intención de recurrir la medida. A juicio del departamento que lidera María José Sánchez Rubio “esta medida ataca a las personas más vulnerables y atenta contra la equidad del sistema”. Sánchez Rubio ha dado las instrucciones para que se formalice esta posición en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que se celebrará el próximo 1 de octubre.

En el lado opuesto al Gobierno vasco se han posicionado el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y la consejera de Sanidad de la Xunta. Ricardo Oliván ha considerado “coherente”, ha anunciado que desde su departamento se están estudiando medidas compensatorias para reducir su impacto, mientras que Rocío Mosquera se ha mostrado tajante, asegurando que se acatará porque no se puede “incumplir la ley”.

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Erkoreka ha manifestado la contrariedad que el copago de los medicamentos dispensados a pacientes no hospitalizados por las farmacias hospitalarias produce en el Gobierno vasco, que ha considerado la medida como “un disparate, tanto desde el punto de vista humano como del sanitario y el administrativo”. En consecuencia, ha anunciado la presentación de un recurso de alzada ante el Ministerio y que, en caso de que se resuelva de forma negativa, se optará por la vía contencioso-administrativa para pedir su paralización.

“Resulta inútil porque no va a tener efectos disuasorios ni recaudatorios”, ha aseverado el portavoz alegando que estos medicamentos se dispensan a enfermos crónicos y graves, por lo que estima un ahorro de 200.000 euros, “una cantidad insignificante” en el contexto presupuestario, según ha explicado Erkoreka.

Aragón busca vías compensatorias y Galicia no "incumplirá" la ley

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es "materialmente imposible" aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia "medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su "total acatamiento de las normas" y su voluntad de poner en marcha esta medida "lo antes posible".
En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago "se conoció el viernes" y hacen falta "unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos" que no se arbitran "de un día para otro".

Por otro lado, ha precisado que están analizando "uno por uno" los medicamentos para conocer "cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros", y aunque "en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica", "en otros no" y "es ahí donde queremos incidir". Oliván ha dicho que el objetivo es que, "teniendo en cuenta la renta" del paciente, la aportación que haga "sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna", diferencia que "asumiría" la Comunidad autónoma, de forma que, "la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos".

La consejera de Sanidad de la Xunta, Rocío Mosquera ha dejado claro en comparecencia ante la Cámara que la medida impulsada por el Gobierno central se acatará porque "no se puede incumplir la ley", a la vez que ha recordado que la iniciativa no llega desde el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha reiterado que la "aportación" que tendrán que hacer los ciudadanos será del "diez por ciento del coste de su medicación.

Cantabria lo aplicará “en el menor tiempo posible”

Por su parte el Gobierno de Cantabria ha avanzado que aplicará “en el menor tiempo posible” el Real Decreto, una vez que el Servicio Cántabro de Salud adecue los sistemas informáticos y adopte las medidas logísticas y organizativas necesarias.
 

 

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