El día 9 se debate en sesión plenaria la modificación de la normativa



25 ago. 2015 14:16H
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Javier Barbado. Madrid
La Cámara Alta ha desestimado las 35 enmiendas y los siete vetos presentados por la oposición a la ‘mini-reforma’ de la ley del aborto que promueve el Partido Popular (PP) y que, en lo esencial, persigue el consentimiento paterno obligatorio para la interrupción voluntaria del embarazo en mujeres jóvenes de entre 16 y 18 años, en la actualidad prescindible desde la aprobación de la ley vigente por el Ejecutivo socialista en 2010.

La presidenta de la Mesa, del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Aragón.


En concreto, han votado a favor del dictamen de la ponencia debatida en la Comisión de Sanidad 13 senadores, nueve lo han hecho en contra y también se ha registrado una abstención. Con relación a los siete vetos, han sido rechazados de forma sistemática con 16 votos en contra contabilizados, nueve a favor y una abstención.

A lo largo de la sesión, la vocal por el PSOE María Isabel Flores ha asegurado que su partido mantendrá el veto en el pleno, que se celebrará  el 9 de septiembre, y ha defendido la actual ley del aborto al tiempo que ha circunscrito el problema del consentimiento paterno  a “las familias desestructuradas”, que merecen, en su opinión, alternativas de solución distintas a la vía del código civil, que es lo que, según ella, pretende el PP.

La presidenta de la Mesa, del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Aragón, ha criticado las palabras tanto de Flores como de resto de senadores opositores tachándolos de “arrogantes” y recordándoles que la ley del aborto de 2010 no contó con el respaldo de su partido, al que, un año después, votaron de forma mayoritaria los españoles.

Sobre la reforma en sí, según ha añadido Europa Press, la senadora del PP María Dolores Pan Vázquez ha sido la encargada de responder a las propuestas de veto, con una intervención en la que ha incidido en que la proposición de ley busca "mejorar la protección de las menores" porque a su grupo y a "buena parte de la sociedad" no le parece bien "que las adolescentes españolas se puedan enfrentar a un aborto sin haber obtenido representación de sus padres y en algunos casos, sin haberles ni informado ni pedido su opinión y su consejo".

Argumentos "retrógados" para ERC

Por su parte, la portavoz de ERC, Esther Capella, ha incidido en que argumentos como el uso del aborto como anticonceptivo o la vulneración del derecho de los padres a ejercer su patria potestad que esgrime el PP "son retrógrados y no están basados en ningún argumento ni jurídico, ni científico ni social" y sirven para "acallar las voces más reaccionarias". Además, denuncia que se está "legislando a hurtadillas para limitar el debate y acabar haciendo leyes como churros".

Para Jesús Iglesias Fernández, de Izquierda Unida, está claro el móvil electoral, porque a su juicio en esta reforma "no hay una contestación a la actual regulación, sino la respuesta a un rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de un sector minoritario y radicalizado de la sociedad al que además, en un claro error político, no se va a satisfacer con esta reforma".

"Los argumentos vamos a poder repetirlos una y otra vez porque se basan básicamente en el derecho libre a decidir sobre el cuerpo de la mujer y si quiere o no tener un hijo; y en que es una ley consensuada por la mayoría de las Cámaras en 2010", ha dicho la senadora de Entesa Mónica Almiñana en la defensa del veto. En su opinión, "esta modificación tiene principalmente una vertiente electoralista porque pretende contentar a un grupo muy concreto del PP, ni tan siquiera a todo el PP, que no consiguió lo que quería".

José María Cazalis, del PNV, que había presentado enmiendas de supresión del articulado del proyecto, "no se debe de tocar en ningún aspecto" la ley actual "si no es por lo menos con un proceso de consenso tal como el que se planteó en ese momento". En este sentido, ha ironizado sobre la ampliación de ese consenso, "que ahora es más amplio porque el PP sólo modifica una parte muy mínima de la ley", por lo que "apoya la ley actual" y eso "es una buena noticia".


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