Las CCAA, contra el cigarrillo electrónico

Redacción. Madrid
Comunidad Valenciana se ha sumado a Cataluña y Andalucía en su decisión de regular el uso del cigarrillo electrónico. El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha indicado que su departamento estudia “regular el uso” del cigarrillo electrónico, “en breve”, en “lugares donde la gente pueda ser más sensible a los perjuicios que, en su caso, pudiera causar, como pueden ser colegios, hospitales, centros de salud y residencias”.

Manuel Llombart y Boi Ruiz, consejeros de Sanidad de C. Valenciana y Cataluña, respectivamente.

Llombart ha indicado que “existe una comisión de expertos del Ministerio que está estudiando” este tema y que “en estos momentos no hay nada concluyente”. En este sentido, ha avanzado que su departamento está “a la espera de la conclusión de ese grupo de expertos del Ministerio” pero medita, en caso de que esa información estatal no llegue “en un breve plazo de tiempo”, optar por “regular el uso, aunque sea de forma profiláctica, de forma prudente, evitando la posibilidad de que efectivamente al final se demuestra que pueda ser perjudicial”.

La primera en manifestarse sobre esta regulación era Cataluña que anunciaba el pasado día 21 que trataría de adaptar los cigarrillos electrónicos a la ley antitabaco vigente, para lograr que durante 2014 no se puedan fumar en ningún espacio cerrado público o privado, con un anteproyecto de ley que se debatirá en el Parlamento.

María José Sánchez Rubio, María José Sáenz de Buruaga y Antonio Sáez Aguado, consejeros de Sanidad de Andalucía y Castilla y León y Cantabria, respectivamente.

Andalucía por su parte, tiene abierta una línea de investigación acerca de los efectos de los cigarrillos electrónicos sobre la salud y regulará su uso, según ha anunciado la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, no permitiendo su consumo en los centros sanitarios y educativos, al tiempo que propondrá un acuerdo de Consejo de Gobierno para su regulación.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, ha reconocido la necesidad de que se regule su uso pero ha avanzado que su comunidad no desarrollará una norma propia. A su juicio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debería impulsar una normativa para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, la Junta apuesta por una legislación “homogénea” y similar para todo el país, en línea con una directiva del Parlamento Europeo. En este sentido también se ha manifestado la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.