Por “falta de flexibilidad debido a la duración de los contratos”



18 mar. 2014 21:09H
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Carlos Cristóbal. Madrid
La Comisión Europea (CE) ha emitido una opinión no del todo favorable respecto a la utilización de sistemas de colaboración público-privada en cuanto al modelo PPP en los países miembros. Desde el organismo continental se apunta a la falta de evidencia de su mayor eficiencia, un aspecto que considera prioritario antes de recomendar su aplicación.

En el informe, realizado por un grupo de expertos entre los que se encuentra el exconsejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y exsecretario general de Sanidad en el Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata, se incide en el papel protagonista que los estados deben adquirir en la aplicación de estos modelos. “Sería difícil cerrar un hospital público de gestión privada”, asegura el texto alegando que “en caso de fallo del proveedor privado, la Administración Pública asumiría la responsabilidad”. Asimismo, el texto incide en que “no se elimina la restricción fiscal del presupuesto público, porque tendrá que pagar”.

Entre sus conclusiones, los expertos hace referencia aspectos como la incidencia de la crisis en el descenso de proyectos público-privados, así como el riesgo fiscal que suponen los grandes proyectos, debido principalmente a su duración. Pero es la falta de evidencias lo que supone el principal ‘pero’ a su aplicación. “No hay una metodología convincente para revisar los impactos económicos y clínicos”, afirman antes de calificar como “pobres, inconsistentes y no estandarizados” los datos actuales.

El texto, que señala a Alzira entre los proyectos de colaboración público-privada más destacados del continente, centra sus críticas en el modelo de concesiones. Sobre ellas critica especialmente su “excesiva” longitud, lo  cual las convierte en “más rígidas que las formas de asociación privada tradicionales”. “No hay evidencia de su mayor eficiencia; al contrario, hay informes que indican que la medida podría resultar más costosa a largo plazo”, añade.

A pesar de no sentirse capaz confirmar ‘las bondades’ de la colaboración público-privada, la comisión también se refiere a los aspectos positivos de la provisión privada, principalmente centrados en la flexibilidad. “Puede adaptarse con más facilidad a los cambios estructurales”, reza el documento, que en el caso español alaba el modelo de mutualismo administrativo: “Al renovarse anualmente, resulta más flexible”.

Recomendaciones

Así las cosas, las recomendaciones pasan por una mejora en los sistemas de evaluación para que se reúnan, analicen  y publiquen los datos tanto de los centros públicos como de las iniciativas público-privada de una forma estandarizada, a fin de poder hacer una comparación objetiva de sus niveles de eficiencia. Además, piden que las partidas destinadas a estos proyectos se incluyan en el balance público y las cuentas; y que todos los procesos sean el resultado de un marco de negociación en la que también participen los médicos.

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Acceda aquí al informe sobre colaboración público-privada

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