La troika presiona para liberalizar los colegios profesionales

Redacción. Bruselas
La conocida como troika, triple entente compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario internacional, ha emitido un nueva evaluación (esta vez positiva) del estado de la economía española en este último tramo del año. Positiva con matices, ya que la troika hace en su informe un nuevo llamamiento a España para que apruebe la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, liberalice el sector y elimine las barreras de entrada a varias profesiones, entre las que destacan las sanitarias.

Mario Draghi, presidente del BCE, y Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad.

El informe, el quinto sobre nuestro país emitido por estos tres organismos conjuntamente, mete prisa al Gobierno español para que, “continuando con el progreso alcanzado durante 2013, mantenga el impulso político para finalizar las reformas en proceso, entre ellas la retrasada Ley de Servicios y Colegios Profesionales”. La troika no ve con buenos ojos la tardanza en la aplicación de esta medida que, a su juicio, es uno de los pilares básicos llamados a afianzar y potenciar la recuperación económica de nuestro país, junto con el fortalecimiento del sistema bancario.

El Ministerio de Economía y Competitividad, encargado de llevar a cabo dicha reforma, se ve por tanto presionado por un lado por la troika, que hace un nuevo llamamiento para eliminar ‘obstáculos’ al libre mercado como la colegiación obligatoria, y por los colectivos profesionales españoles por el otro, que se niegan rotundamente a perder el ‘statu quo’ actual y a trasladar funciones de control y regulación profesional al Estado. El Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales está a la espera del dictamen del Consejo de Estado para ser trasladado a las Cámaras y aprobado en el Consejo de Ministros a principios de 2014.

La petición liberalizadora de la troika se suma a la publicada hace unos días por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en su informe sobre la Ley abogaba por eliminar la colegiación obligatoria en sanidad al considerar que el Estado puede garantizar por si solo la correcta regulación de estas profesiones de una mejor forma que los propios colegios profesionales.