Cristina Alcalá / Imagen: Pablo Eguizábal. Baiona (Pontevedra)
Los representantes sanitarios tanto de PSOE, CiU, EAJ-PNV como UPyD consideran imprescindible derogar el Real Decreto 16/2012, que entre otros aspectos acota el acceso al sistema sanitario a determinados grupos de la sociedad, como paso previo para comenzar una posible reforma de la Ley General de Sanidad.
En una tertulia celebrada en el marco del V Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad, organizado por Sanitaria 2000 en el Parador Nacional de Baiona (Pontevedra), los grupos mayoritarios con representación parlamentaria, a excepción del Partido Popular, han acordado en señalar al 16/2012 como la principal barrera para reformar esta norma básica para el sector.
La "ruptura" del SNS por el RD 16/2012
El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, opina que el 16/2012 supone "una ruptura" en la cartera de servicios básicos del Sistema Nacional de Salud y pide crear una base única que acoja a todos los ciudadanos, sin exclusión. Además, Olmos ve necesario incluir la salud y el carácter universal de la sanidad como derechos fundamentales de todos los españoles.
De izquierda a derecha: Joseba Agirretxea, portavoz de Sanidad del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados; Conxita Tarruella, su homóloga de CiU; Rubén Moreno, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Cámara Baja; Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad y moderador de la tertulia; José Martínez Olmos, portavoz socialista de Sanidad en el Congreso; y Enrique Normand, portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea de Madrid.
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Para Olmos, la modificación de la Ley General de Sanidad pasa por debatir sobre su financiación, principalmente pública, en su opinión; la transparencia en los servicios y con el paciente, su descentralización en beneficio de las comunidades autónomas y la cartera de servicios básicos que debe incluir. "Con estas reformas recobraremos un consenso, y cuantos más grupos parlamentarios se incorporen, mejor será la sanidad pública española", ha señalado el diputado.
La descentralización, clave en la Ley General de Sanidad
Los dos portavoces nacionalistas de la mesa han señalado problemas similares para poder reformar la Ley General de Sanidad. Según Conxita Tarruella, portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso, las competencias de las comunidades autónomas en materia sanitaria deben prevalecer, algo que considera que en la actualidad "corre peligro".
La diputada catalana ha remarcado los "flecos sueltos" que aún tiene la Ley General de Sanidad desde su aprobación en 1986. Problemas estructurales que deben solucionarse con una mayor financiación y, por ende, con una mayor sostenibilidad del sistema sanitario. "Es una ley positiva, que permitió pasar de la sanidad del siglo XIX a la del XXI, pero pasado los años, tiene que ponerse más al día", ha remarcado Tarruella.
Por su parte, el portavoz de PNV de Sanidad, Joseba Agirretxea, ha destacado la buena salud de la Ley General de Sanidad, por lo que, a su juicio, la reforma pasa por una actualización y no una derogación de la misma. Actualizaciones, ha criticado Agirretxea, a través del consenso y no de reales decretos, en referencia al 16/2012. En este sentido, Agirretxea lamenta que con estos cambios se pretenda modificar el papel actual de las comunidades autónomas, pasando de ser "meras administraciones de la sanidad" a "auténticas gestoras" de esta materia.
Enrique Normad, portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea de Madrid, explica que el espíritu de esta norma básica, basado en la descentralización, no se desarrolló como se quiso. Ese "café para todos", como señala Normad, ha creado desigualdades en el mapa sanitario español, algo que debe solucionarse con el consenso amplio de los grupos parlamentarios, pero también con el de las sociedades científicas, los colectivos profesionales y los pacientes.
El sistema sanitario español, cohesionado con el europeo
Al igual que para sus homólogos en el Congreso, para Rubén Moreno, portavoz popular de Sanidad en la Cámara Baja, después de 28 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el pilar legislativo del sector requiere de una reforma de urgencia, pero basada en el consenso con todos los partidos políticos. "Hay varias maneras de reformarla: ir haciendo varias leyes que la modifiquen o un texto refundido que dé lugar a una nueva norma", detalla Moreno, quien defiende que el Real Decreto 16/2012 se debe a la cohesión con los demás países miembros de la Unión Europea, y no a la competencia exclusiva del Gobierno.
De izquierda a derecha: Luz María Socas León, senadora por Tenerife; Carmen Luis Heras, senadora por Zamora; Carmen de Aragón, presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado; Ana Pastor, secretaria general de Facme; Jesús Aguirre; portavoz de Sanidad en la Comisión de Sanidad del Senado; Mª Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso; Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE; Enrique Castellón, exsubsecretario del Ministerio de Sanidad; y Mario Mingo, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
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De izquierda a derecha: Rubén Moreno, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; Irene Garrido, vocal de la Comisión de Sanidad del Congreso; José María Alonso, secretario primero de la Comisión de Sanidad del Congreso; María Teresa Cendón, portavoz de Sanidad del Concello de Vigo; Luz María Socas León; y José Ramón Santamaría, gerente de la Clínica Vithes Fátima.
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A la izquierda: José Ramón Santamaría; Rubén Moreno e Idelfonso Calderón, diputado del Parlamento de Cantabria. A la derecha, Fernanda Ávila, portavoz del Grupo Mixto regionalista del Parlamento de Extremadura; Francisca Rosa, portavoz del Partido Popular en el Parlamento extremeño; y Felisa Cepeda, presidenta de la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento de Extremadura.
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De izqueirda a derecha: Teresa Rosique, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Murcia, junto a Pilar Navarro, secretaria del sector de Salud y Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT; y Begoña García, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia.
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De izquierda a derecha: Alfredo García Iglesias, miembro de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia; Mercedes Arias, directora de la Unidad de Diagnóstico por Imagen de Galaria; y Alfonso Iglesias, radiólogo de esta unidad.
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En la imagen de la izquierda: José Varela, gerente en Galicia de Chiesi, junto a Francisco Martínez, gerente de Relaciones Institucionales de Chiesi. A la derecha: Ricardo López, director general de Sanitaria 2000, junto a Pilar Navarro.
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En la imagen de la izquierda: Ildefonso Calderón, presidente de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, junto a Josune Gorospe, parlamentaria del PNV; Luis Javier Telleria, parlamentario del PNV; y Carmelo Barrio, presidente de la Comisión de Sanidad del Parlamento vasco. En la imagen de la derecha: Rubén Moreno y José María Pino, presidente de Sanitaria 2000.
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De izquierda a derecha: José Varela junto a Mª Carmen Acuña, portavoz de Sanidad en el Parlamento de Galicia; Francisco Martínez; y Julio Ancochea, jefe de servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa y coordinador del Área de Cooperación Institucional de Inidress.
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De izquierda a derecha: Enrique Castellón; José María Pino y Mario Mingo.
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A la izquierda: José María Pino junto a Trinidad Jiménez. A la derecha, Francisco Martínez y Conxita Tarruella.
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De izquierda a derecha: Begoña García; José Antonio Pujante, portavoz de Sanidad y Asuntos Sociales del Grupo Mixto en la Asamblea de Murcia; José Vicente González, senador del PSOE por Tenerife; Teresa Rosique; Gracia Fernández Moya, diputada del PSOE por Almería y vocal de la Comisión de Sanidad en el Congreso; Mª Carmen Acuña y Pilar Navarro.
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De izquierda a derecha: José María Pino; Trinidad JIménez; Conxita Tarruella, Mª Carmen Quintanilla; Jesús Aguirre; y Joseba Agirretxea.
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