La injusticia de Grünenthal será “necesariamente corregida” por el Tribunal Constitucional

Carlos Cristóbal / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
Con la intención de que Grünenthal se vea obligada a asumir su responsabilidad en el desastre de la talidomida, la asociación de afectados por los medicamentos que la contenían en España (Avite) ha presentado este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia emitida por el Supremo el pasado 23 de septiembre, que daba por prescrito el delito de la farmacéutica alemana.

Rafael Basterrechea, Ignacio Martínez y José Riquelme, vicepresidente, abogado y presidente de Avite, junto a la eurodiputada Beatriz Becerra la tras la presentación del recurso en el Constitucional.

“Las infracciones son tan patentes que necesariamente serán corregidas por el Tribunal Constitucional”, ha aventurado el abogado de Avite, Ignacio Martínez, para quien “durante el proceso judicial se han vulnerado los derechos fundamentales de las víctimas españolas”. “El Supremo ha tratado este asunto como si fuera un accidente de tráfico, cuando estamos hablando de un daño totalmente excepcional”, ha declarado ante los medios antes de afirmar que la doctrina del Alto Tribunal dicta que “cuando no se tiene conocimiento total del daño no se opera prescripción”, algo que choca con la postura defendidas por la Organización Médica Colegial (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que han determinado como “imprevista” la evolución de los efectos causados por la talidomida.

Una de las palabras más utilizadas por el representante legal de las víctimas ha sido ‘justicia’. Una justicia que solo se alcanzará, a su juicio, cuando Grünenthal asuma unas indemnizaciones cuya cuantía asciende a una media de 1,2 millones de euros por afectados. “Me niego a pensar que el caso de la talidomida termine en España de una manera tan lamentable; esto no puede acabar de una manera tan bochornosa y favorable a los intereses del verdugo, además conculcando el derecho”, ha declarado Martínez.

"Esto no tiene nombre"

José Riquelme, víctima y presidente de la organización que engloba a las víctimas de este desastre farmacéutico sin parangón, se ha mostrado esperanzado ante la posibilidad de dar marcha atrás a la decisión del Supremo, aunque no habría querido llegar a este punto. “Es una vergüenza que en todos los países este tema se haya solucionado por la vía política y de diálogo con el laboratorio, y aquí estemos así”, ha afirmado.

Con respecto a un posible acercamiento con Grünenthal, Riquelme no duda al descartar esta hipótesis: “De ellos no esperamos nada. Esta gente está totalmente cerrada en banda; o están muy convencidos de sus consignas o lo tienen todo muy controlado, porque están muy tranquilos”, ha concluido.

La reacción de Grünenthal

La compañía Grünenthal ha mostrado su "completa" discrepancia con la decisión de la Asociación Española de Afectados de la Talidomida (Avite) de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), y ha asegurado que apoya "firmemente" la decisión adoptada por el Alto Tribunal.

La farmacéutica se ha pronunciado así después de que los afectados por la talidomida hayan solicitado este jueves amparo ante el TC, al considerar que el fallo del TS "vulnera" sus derechos fundamentales porque les discrimina respecto a los alemanes y, además, no aprecia daño continuado en un síndrome que sigue siendo estudiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, Grünenthal, que ha vuelto a "lamentar" la tragedia provocada por la talidomida, ha señalado la dificultad que supone entender los motivos por los que los afectados españoles utilizan una vía "tan compleja" como es la demanda, en lugar de solicitar ayudas económicas, las cuales, tal y como ha recordado, pueden alcanzar más de 7.000 euros al mes.

Registro de Ciudadanos

Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPC's) ha exigido al Gobierno a través de varias iniciativas que cree un registro abierto de forma permanente de malformaciones fetales y embriopatías provocadas por la talidomida para que se regule el procedimiento de indemnizaciones a los afectados.

Y es que, tal y como ha comentado el portavoz del GPC's en la Comisión de Sanidad del Congreso y autor de las iniciativas parlamentarias, Francisco Igea, es necesario facilitar, en lo posible, los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en los servicios médicos que necesiten los afectados por estas lesiones. "Hay que proceder a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de minusvalía, así como a pagar pensiones compensatorias de por vida a los afectados por este fármaco con efectos secundarios adversos sobre los fetos", ha detallado.

Asimismo, Igea ha pedido, a través de una Proposición No de Ley (PNL), la creación de una nueva unidad nacional de diagnóstico de talidomida que tenga en cuenta los criterios recogidos en el encuentro de expertos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) patrocinó en 2014. Además, la iniciativa exige abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, la responsable de sintetizar el principio activo de la talidomida, para que contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

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