Ricardo Martínez Platel. Madrid
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha elevado a casi dos millones las incapacidades temporales (IT) que, entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, se concedieron sin que mediara ningún tipo de control por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por un importe total estimado de, al menos, 1.185 millones de euros.
Álvarez de Miranda y Sáez.
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Así lo ha señalado en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en la Cámara Baja, durante la presentación del 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', el primero realizado sobre este asunto.
Según ha manifestado Francisco José Sáez, coordinador de Incapacidad Temporal en el Foro de Atención Primaria, a Redacción Médica, “este documento pone de manifiesto la falta de control en relación con las bajas por accidente de trabajo. Así lo demuestra que haya bajas sin informe médico o el hecho irregular del pago en algunos de los convenios con las comunidades autónomas”.
El presidente del organismo fiscalizador ha señalado que las obligaciones netas reconocidas por incapacidad temporal por parte de las entidades de la Seguridad Social (INSS, Instituto social de la Marina y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) fueron de 6.241 millones en 2011 y de 5.360 millones en 2012. Para Sáez, “el Tribunal de Cuentas tira abajo una serie de mitos que estaban muy instaurados, que invitaban a pensar que el problema era la falta de eficiencia y defectos del sistema sanitario, cuando que lo sucede es que, con independencia del buen o mal funcionamiento, hay bastantes grietas”.
En cuanto a las mutuas, realizaron un control sobre el pago delegado "mucho más fiable y eficiente" que el del INSS, por lo que las reclamaciones de deudas que solicitaron a la Tesorería General por deducciones indebidas en incapacidad temporal fueron "significativamente superiores" a las comunicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El coordinador de IT en el Foro de Atención Primaria destaca que “las mutuas en las patologías por accidente de trabajo, en ocasiones, están al límite de no respetar los derechos de los pacientes, a pesar de que los políticos aseguren que son más eficientes. Lógicamente, si hacen lo que quieren, sin dar partes de confirmación y no se ofrece al paciente la posibilidad de reclamar el alta, se mejoran las cifras”.
Por último, Sáez ha incidido que “estamos hablando de dinero público e intentan hacer ver que los médicos estamos de acuerdo con los pacientes para mantenerles las bajas, cuando uno de las principales causa de fraude es la falta de control de quien tiene que vigilar la gestión”.
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