Ricardo Martínez Platel. Madrid
La salida de Alberto Ruiz-Gallardón del Ministerio de Justicia, motivada por la retirada de la reforma de la ley del aborto, deja en el aire un tema que afecta especialmente al ámbito sanitario, como es el baremo específico de indemnizaciones.
Rafael Catalá.
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Las conversaciones entre Sanidad y Justicia están más que avanzadas y se espera que la nueva herramienta, que será utilizada por jueces, abogados, peritos valoradores del daño corporal y médicos forenses para calibrar las cantidades indemnizatorias derivadas de la asistencia médica, salga a la luz el próximo mes.
Sin embargo, el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que fue gerente del Hospital Ramón y Cajal entre 2004 y 2005, siendo consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, debe dar el visto bueno a los últimos matices que quedan pendientes sobre este asunto para que se convierta en una realidad.
Se trata de un proyecto promovido por el Consejo Asesor y que ha contado desde el principio con el respaldado de Ana Mato que respondería a una petición histórica dentro del sector, puesto que desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, el baremo de daños sanitarios constituiría el primer paso para invertir la situación actualmente existente.
Este nuevo documento abriría la competencia en el mercado asegurador, se frenarían los incrementos de primas, se unificaría el valor de la vida o la salud humana y se racionalizaran las indemnizaciones, permitiendo además, calcular las reservas y el coste del seguro reduciendo la incertidumbre del resultado económico de un ejercicio.
Otro de los temas que Catalá deberá afrontar en las próximas fechas será la Ley de Tasas Judiciales, puesto que la oposición ha unido sus voces en el Pleno del Congreso para demandar al Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de la norma al igual que ha hecho con su anteproyecto de ley de reforma del aborto. Hay que recordar que la mayoría de expertos en Derecho Sanitario, rechazaron esta medida ya que abocaba a los profesionales de la Medicina a la denominada ‘pena de banquillo’ al desplazar las reclamaciones a la vía penal.
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