Cataluña fija criterios para el riesgo compartido

Javier Barbado / Imagen: Pablo Eguizábal. Barcelona
Los contratos de riesgo compartido entre la industria farmacéutica y las autoridades públicas de salud constituyen la diana estratégica creciente del Servicio Catalán de la Salud (Catsalut) y organismos como el Instituto Catalán de Oncología (ICO) debido a su éxito, ya comprobado en algunos casos, tanto asistencial como económico. No obstante, la regulación de los criterios que deben regir estos acuerdos forma parte de la actividad actual del propio Catsalut, que ha publicado en el mes de mayo una de las primeras guías orientativas de esta índole.

Candela Calle explica las iniciativas del ICO con la industria. Gilabert incide en cómo hacer los contratos de riesgo compartido.

Así, el Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha recurrido al contrato de riesgo compartido y al uso de herramientas informáticas para monitorizar el uso de los medicamentos (por ejemplo, la denominada Espoq, relacionada con la enfermedad oncológica) y, en este momento, dispone de algunos resultados que comparte con la industria para decidir los pagos, según ha revelado su directora general durante el Encuentro de Parlamentarios de Cataluña organizado por Sanitaria 2000, empresa editora de este periódico, con la colaboración de Biogen Idec en España.

Antoni Gilabert, Beatriz Perales y Candela Calle, durante el foro organizado por Sanitaria 2000 en Barcelona.

En la misma línea, Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de Salud (Catsalut), ha instado a las compañías farmacéuticas innovadoras a participar en procesos de compra centralizada y se ha referido al riesgo compartido como método válido de búsqueda de resultados clínicos válidos.

Sheila Gascón Gracia, secretaria de Acción Sindical y Comunicación de Satse en Cataluña; Javier Martínez, Senior Manager Market Access de Biogen; y Rosa María Estrany, presidenta de la Fundación de Esclerosis Múltiple.

En este sentido, ha definido como objetivos del Catsalut este año el seguimiento de estos contratos y la creación de una guía que precise los criterios que deben seguirse en esta clase de acuerdos, trabajo del que, en efecto, ya se ha publicado una edición.

Por su parte, Calle ha revelado que los contratos de gestión dirigidos a los profesionales explican el éxito de los planes de evaluación continua del organismo junto con la política del medicamento por medio de una Comisión Farmacoterapéutica dirigida al efecto que garantiza que todos los enfermos son tratados con las mismas posibilidades terapéuticas.

Laia Aceituno y Roger Esmel, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CESM) y Berta Martín, de la delegación de la confederación en Cataluña: Cemcat.

Según ha explicado, la equidad del acceso a la innovación se garantiza por medio de 13 líneas estratégicas alineadas con el Plan de Salud autonómico, según ha precisado, ya que "como empresa pública hemos de ser transparentes y velar, al mismo tiempo, la sostenibilidad" del sistema sanitario.

El ICO -señaló-  ha resuelto una modalidad nueva de relación con la industria farmacéutica por medio del partenariado, y ha conseguido llegar a acuerdos con ella para potenciar la innovación, la investigación así como apoyo de proyectos institucionales.

En la primera instantánea, Crsitina Montané, de la Plataforma de Familiares de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, junto con Francesc Sancho, secretario de Participación Local en Salud de la Consejería de Sanidad de Cataluña. A la dcha.: Xavier Montalván, jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Vall d'Hebron, Xavier Montalbán, conversa con el consejero Boi Ruiz en presencia de Conxita Tarruella.

Desde su punto de vista, los contratos de riesgo compartido son coste-efectivos y dan la posibilidad de acceso a los pacientes a esos tratamientos, pero también suponen barreras como la lentitud, la necesidad de hacerlo caso por caso, el compromiso necesario con la industria y la dificultad para monitorizarlo, además de que no se pueda generalizar siempre su uso para las diversas enfermedades.

Gilabert, por otro lado , se refirió al sistema de pago en antirretrovirales, inmunosupresores selectivos y hormona del crecimiento, ha precisado que requieren de un abordaje específico dada la gran variabilidad que supone su aplicación, de modo que se ha fijado un sistema de facturación por medio de una tarifa farmacológica por paciente.

Para los antirretrovirales, por ejemplo, la tarifa sería de 613 euros por paciente al mes para la terapia preventiva, y 1.259 euros para los casos multirresistentes.

Gilabert ha fijado en tres las fases necesarias para garantizar el acceso a la innovación farmacológica: la evaluación, la financiación y su utilización, y ha asegurado que el programa de armonización farmacoterapéutica del Catsalut se propone justamente abordar esas tres tareas.

Por último, el directivo se ha preguntado en voz alta si se dispone de mecanismos válidos de evaluación y de certificación de la calidad de los medicamentos, cómo mejorar la variabilidad clínica y por qué merecen la pena los contratos de riesgo compartido.

En la primera imagen, el director general de Sanitaria 2000, Ricardo López, junto con el especialista Xavier Montalbán. A la dcha., el presidente de Sanitaria 2000, José María Pino, posa con Cristina Contel, presidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas.