Redacción. Barcelona
El recurso presentado por la Abogacía del Estado pide al Tribunal Constitucional que advierta expresamente al Govern y los miembros de la Mesa del Parlament de que podrán ser suspendidos de funciones y perseguidos por un delito de desobediencia en el caso de no acatar la suspensión de la vigencia de la declaración independentista. La advertencia se extiende a un total de 21 altos cargos, entre los que se encuentra el consejero de Salud, Boi Ruiz.
Boi Ruiz.
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El recurso de inconstitucionalidad que la Abogacía del Estado presentado en el registro del Alto Tribunal solicita al Tribunal Constitucional “que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, y presidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y al presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas , y en su caso a la persona que para el desempeño del cargo de presidente de la Generalitat resulte nombrado como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento catalán recién constituido", recoge el recurso, que añade la lista de miembros del Govern a los que también se deberá notificar la suspensión.
El recurso solicita igualmente que en dicha notificación se imponga a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa y al secretario General del Parlamento "la prohibición expresa de admitir a trámite, ya sea para su toma en consideración, ya para su debate o votación, iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolución suspendida".
También que se prohíba al presidente de la Generalitat y su Gobierno "promover iniciativa legislativa o de dictar norma de rango reglamentario o de realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad". El escrito concluye pidiendo que esa notificación se haga "bajo apercibimiento expreso" de que podrían ser suspendidos de sus funciones y perseguidos penalmente "en caso de incumplimiento".
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