Al PSOE no le bastan las retribuciones y quiere las declaraciones de bienes

Redacción. Madrid
“El Gobierno no ha cumplido con la obligación prevista en la Ley de Transparencia”. Así de tajante se ha mostrado el PSOE al conocer el contenido del Portal de la Transparencia del Gobierno de España nada más nacer. El motivo es que, según el principal partido de la oposición, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha dado pleno cumplimiento a las directrices marcadas por la norma que da origen a la web porque no se han publicado las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado, entre los que se encuentran los quince máximos representantes del Ministerio de Sanidad.

Lo que recoge la sección económica del portal son las retribuciones brutas cobradas por los altos cargos, pero no otros aspectos que sí marca la ley, tal y como denuncian los socialistas. “El Gobierno ha excluido a los altos cargos nombrados antes del 1 de julio de 2013 y que aún continúan en sus puestos. Con este incumplimiento del Gobierno, no sería posible comprobar a su cese si se hubiera producido un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su mandato”, esgrime la formación.

Además de la proposición no de ley instando al Gobierno al cumplimiento de estas directrices legales “mediante la inmediata publicación del contenido de sus declaraciones”, el Grupo Socialista ha presentado formalmente las solicitudes de documentación, al amparo del artículo 7 del Reglamento del Congreso, correspondientes al contenido de estas declaraciones de un total de 257 cargos, 15 de los cuales corresponden a Sanidad: la subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María Jesús Fraile; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández; la directora del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, María Teresa Bernedo Arzak (ya cesada); el secretario general técnico del Ministerio, Sergio Caravajal Álvarez; la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, María Mercedes Vinuesa; el director general del Instituto de la Juventud, Rubén Urosa; el director general de Ordenación Profesional, José Javier Castrodeza; el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón; la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, María Salomé Adroher; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín; la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas (recién dimitida); el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero Cuadrado; el director del Instituto de Salud Carlos III,  Antonio Luis Andreu, y la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ángela López de Sá y Fernández.

“En transparencia no valen los discursos, sino los hechos”, ha expresado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, quien ha afirmado que el Gobierno incurre en un nuevo “fraude” al permitir esta falta de información.